Según la Constitución Política, los órganos del poder público tienen funciones separadas, pero deben colaborar de manera armónica para la realización de los fines del Estado. También es clara al considerar al presidente de la República como símbolo de la unidad nacional y al asignarle de manera expresa el deber de garantizar los derechos y libertades de las personas, sin exclusión alguna.

A los funcionarios del Estado les corresponde ejercer las tareas propias de sus empleos dentro de la órbita de las competencias señaladas en la Ley. A ello se comprometen con el juramento prestado al momento de su posesión. Además, su desempeño tiene como norte obligatorio ubicar siempre los intereses colectivos sobre los individuales.

Cumplidas las elecciones regionales y debatido en forma amplia el significado político de los resultados, corresponde a los gobernadores y alcaldes favorecidos en las urnas dejar atrás la campaña electoral, conocer el ‘estado de cosas’ en sus respectivas jurisdicciones y prepararse para asumir a partir del próximo primero de enero, su rol de administradores de los asuntos públicos con seriedad, transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia, tal y como lo esperan sus gobernados.

Para el éxito de su gestión y al margen de sus convicciones políticas, los nuevos mandatarios deben recordar la imperiosa colaboración del Gobierno Nacional como presupuesto esencial para el ejercicio de sus cargos, pues las administraciones territoriales no son ruedas sueltas dentro de la organización estatal y, por el contrario, cumplen funciones íntimamente relacionadas y dependientes de las entidades ubicadas en la capital.

Por su parte, a los funcionarios nacionales, incluido el señor presidente, les compete tener presente que la materialización de su programa de gobierno en la geografía nacional, exige de la acción coordinada con la totalidad de los elegidos.

La ponderada declaración final del encuentro de la Federación Nacional de Departamentos en Santa Marta fue afortunada y contrasta con las palabras del señor Fiscal en el mismo evento y con las expresadas la semana pasada, quien a costa de la dignidad de su alto cargo y de sus deberes legales, ha continuado mostrándose más interesado en sus futuras aspiraciones políticas, en lugar de aportar sinceramente a la construcción de un mejor país.

Por su parte, en tono conciliador, el Gobernador del Atlántico formuló un llamado a sus colegas para avanzar de la mano con las autoridades nacionales y así poder sacar adelante sus proyectos, recordándoles que 85% de los recursos departamentales provienen del nivel central.

Este hecho debería ser suficiente para impulsar en los días restantes del 2023, los espacios de coordinación institucional para empezar el 2024 construyendo de manera armónica las acciones orientadas a solucionar las múltiples y graves necesidades presentes en la vida nacional.

GUSTAVO H. COTE PEÑA
Exdirector General de la Dian
gcote@globbal.co