La decisión de la Corte Suprema de Justicia al elegir la Fiscal General de la Nación, constituye un precedente de especial importancia para la vida de los colombianos. La elección se desarrolló dentro del marco de la independencia y autonomía propias de la rama judicial, parte fundamental del poder público del Estado y sustento de la democracia.

Los magistrados procedieron de acuerdo con su conciencia, al margen de todas las presiones nacionales e internacionales, respetando las reglas fijadas para esta clase de eventos y de acuerdo con los antecedentes jurisprudenciales constitucionales que permitían considerar la renuncia de una de las ternadas como algo ‘inane’ y sin trascendencia alguna.

El proceso de postulación y elección debe ser calificado como ejemplo para el futuro. Las tres integrantes de la terna, reunían excelentes condiciones de preparación profesional para desempeñar el cargo y su experiencia laboral hacía prever que cualquiera de ellas, en el evento de haber sido elegida, constituía garantía de un desempeño de lujo al frente del ente rector de la investigación criminal. Todas eran personas sin vínculos de amistad ni cercanía con el señor presidente de la República, denotando con ello, desde un principio, el cumplimiento de una de sus promesas de campaña: la búsqueda de una Fiscal independiente.

Ya escogida la doctora Luz Adriana Camargo Garzón, por sus palabras en la audiencia previa ante sus electores sobre su único compromiso con la Rama Judicial y por su hoja de vida, se concreta, para tranquilidad de todos, el arribo de una persona con la seguridad de marcar una gestión caracterizada por el respeto a la dignidad y majestad del cargo, al margen de la "justicia espectáculo, selectiva y politiquera" que con tristeza venía presenciando la sociedad en el inmediato pasado en el comportamiento de la cabeza de tan importante institución.

La recomposición de los cuadros principales de la entidad, marcarán en buena parte el mensaje inicial esperado de un cambio radical en beneficio de la recuperación de su imagen deteriorada por las conductas de algunos de los funcionarios actuales, ausentes de imparcialidad en casos de especial trascendencia nacional.

A lo anterior debe sumarse la puesta en marcha, en conjunto con el ejecutivo, de una estrategia urgente para enfrentar los gravísimos hechos de corrupción conocidos en las noticias diarias, para lograr materializar la detención y castigo de los responsables, sin concesión alguna, y la recuperación de los dineros desviados a través de la contratación amañada.

Son muchos los retos a enfrentar por la nueva funcionaria. La opinión pública está expectante. Pero sobre todo el ciudadano de a pie aspira a encontrar mayor efectividad y agilidad en las investigaciones penales y menor impunidad.

Gustavo Humberto Cote Peña
Exdirector General de la Dian.
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