El país enfrenta un nuevo año marcado por los retos de las reformas propuestas por el Gobierno Nacional, entre las cuales destacan las de la salud, la laboral, la pensional y la del arbitraje para permitirlo en el campo impositivo, todas ya en trámite en el Congreso de la República.

En las postrimerías del 2023, el señor Presidente planteó el debate sobre una nueva al Estatuto Tributario Nacional, justificada en la necesidad de reducir la carga de las empresas y aumentar en compensación la de las personas naturales.

La pretendida reforma contrasta con el monto perdido por evasión, estimado por el director de la Dian en más de $100 billones (El Tiempo 07-01-2024), valor que, de ser perseguido con mayor efectividad por esta institución, garantizaría con creces la reposición de los menores recursos derivados de la adecuación de la tarifa de renta de las personas jurídicas a una más competitiva, sin afectar a las personas naturales ya tocadas en forma drástica con la Ley del 2022.

De otro lado, lo aprobado en pensiones en primer debate mantiene, entre otras cosas, la pretensión oficial de un pilar contributivo de reparto obligatorio con destino a Colpensiones, con un umbral de tres salarios mínimos. En esta forma, el proyecto fortalece al ente oficial y protege el derecho pensional de una gran cantidad de aportantes.

Desde hace varios años y ante la ausencia de claridad suministrada en el pasado por los administradores del ‘régimen de ahorro individual’ para captar clientes, algunos afiliados se vieron obligados a acudir a la justicia para lograr su traslado al ‘régimen de prima media’. La regla general de las providencias emitidas ha sido la de otorgales el justo derecho a su reubicación.

El interés gubernamental, plasmado ahora en la reforma en curso, resulta desconocido al interior de dicha entidad porque ha continuado aplicando la política del anterior gobierno de cuestionar, con recursos procesales injustificados, las autorizaciones aprobadas en los fallos de los jueces, incluso en aquellos casos en que los fondos privados han renunciado a su derecho de apelación.

Los colombianos escogieron al actual mandatario por confiar en la promesa de recuperar el respeto a los derechos ciudadanos. La incoherencia observada es frustrante para los interesados y amerita su intervención para que Colpensiones retire los recursos pesentados y se abstenga de seguir actuando en contra de la actual política de cambio.

Es reprochable que la entidad se niegue a aceptar los pronunciamentos favorables y someta al trabajador y a la Nación a incurrir en mayores costos y, de contera, coadyuve en la congestión de los despachos judiciales al mantener vigentes discusiones sobre sentencias destinadas de forma inexorable a culminar confirmadas por los antecedentes jurisprudenciales.

Gustavo Humberto Cote Peña

Exdirector General de la Dian.
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