La asonada contra la Corte Suprema de Justicia del pasado jueves, entendida como un acorralamiento tumultuoso, violento e ilegal para presionar la elección del fiscal general, constituye la mayor amenaza institucional y democrática de nuestro país desde la aciaga toma a sangre y fuego del alto tribunal por parte del M-19 en 1985. En ambas ocasiones, los revoltosos ondearon al viento la ominosa y afrentosa bandera de este grupo guerrillero.

De análoga manera, tanto entonces como ahora, Gustavo Petro tiene responsabilidad política por ser, por aquellas calendas, militante del M-19, y ahora como jefe de Estado, por su accionar en la cuenta social X, mediante la cual promovió la marcha contra la Corte Suprema de Justicia el mismo día en que se votaba su fallida y calcinada terna para elegir fiscal general.

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema, le dijo a la Revista Semana que el hostigamiento contra el alto tribunal fue un “secuestro colectivo”. Tiene razón. Por más de cinco horas, los magistrados de las altas cortes y centenares de funcionarios judiciales estuvieron secuestrados en el Palacio de Justicia. No fueron diez segundos como artificiosamente sostiene Petro. Los manifestantes -devotos de la Casa de Nariño- bloquearon los accesos del Palacio de Justicia, impidieron el ingreso de alimentos para los magistrados y empleados de la rama judicial, e incluso, agredieron a los funcionarios que intentaron salir hasta que llegó, de forma tardía, la Policía antimotines.

El general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, explicó públicamente que la orden del presidente Gustavo Petro “era blindar las marchas”. Así las cosas, la Casa de Nariño nunca tuvo la intención de blindar la Corte Suprema de Justicia, pese a que este lugar era uno de los puntos de encuentro escogidos previamente por los manifestantes aupados por el Gobierno para la violenta jornada del 8 de febrero. El Alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, como primera autoridad de Policía de la ciudad, tampoco cumplió su mandato constitucional, que lo conmina a preservar el orden público en la capital de la República. Galán se desentendió por completo del iracundo bloqueo a la Corte Suprema. La realidad es que a la Corte Suprema la dejaron sola a merced de los virulentos alborotadores afectos al Gobierno, que la sitiaron de forma ilegal y forzada en la tarde del 8 de febrero.

Resulta burlesco e injurioso el comportamiento de los elevados jerarcas del Poder Ejecutivo, que ahora se lavan las manos como Pilatos, niegan la gravedad del asedio ejercido contra la majestad de la justicia y decidan, sin siquiera ruborizarse, inculpar a los medios de comunicación. Esta conducta es muy propia de la administración Petro, que tira la piedra y esconde la mano para poder acusar a sus contradictores.

ANDRÉS ESPINOSA FENWARTH
Miembro del Consejo Directivo del ICP
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