Pocas entidades en Colombia tienen tantas responsabilidades y son tan transversales en la protección de derechos, como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio.
Esta entidad es autoridad en materia de protección del consumidor, protección y promoción de la competencia, es autoridad de protección de datos, y verifica los reglamentos técnicos y la metrología legal.
Asimismo, es la encargada del registro de la propiedad industrial y ejerce funciones judiciales especializadas. Además de lo anterior, es autoridad anticontrabando y ejerce importantes labores de policía judicial en procesos penales, disciplinarios y fiscales, y cumple otros roles que buscan garantizar derechos a través de las labores de inspección, vigilancia y control.
Este cargo también había logrado un importante papel internacional al contar con espacios en el marco de la OEA, CAN, Ompi y Unctad, y las relaciones bilaterales con las autoridades homólogas de varios Estados.
Más allá del poder que pueda suponer la responsabilidad de ocupar la silla de la Superintendencia, hay una gran responsabilidad en saber dividir las funciones administrativas, registrales o sancionatorias, y el rol de gerencia pública, representación y vocería.
Quizás su rol más destacado en lo internacional es el que tenía en los comités de competencia, consumidor y datos de la Ocde, en dónde, más allá de tener acceso al ser Colombia Estado miembro de la organización, el Superintendente a título personal ocupaba asientos de dirección en varios de estos comités, influyendo y construyendo las mejores políticas en estas materias.
El Superintendente más allá de cumplir unos requisitos formales para ser designado, debe ser ante todo un funcionario de primer nivel por sus responsabilidades y capacidades, es por ello que su designación es presidencial y su relación -en el buen sentido- debe ser de ese nivel, esto con el único propósito de garantizar su independencia y autonomía, y no ser -como ha pasado en este gobierno- subalterno de ningún ministerio o interés.
El Superintendente no puede tener aspiraciones políticas ni agendas ideologizadas, su único propósito es garantizar la libertad económica, la protección de derechos fundamentales, y la vigencia del Estado de Derecho y el Imperio de la Ley.
El Superintendente debe darle igual importancia a los asuntos que afectan a los ciudadanos que van a la plaza de mercado, echan gasolina, compran una nevera o utilizan la telefonía móvil, así como a desarticular carteles y sancionar infracciones a la libre competencia.
La SIC fue determinante durante la pandemia y ha sido crucial para el adecuado funcionamiento de los mercados y la protección de los derechos, no puede convertirse en trampolín político de nadie, y mucho menos en policía económica o antiempresa, o en un puesto para acceder a una pensión. El Superintendente debe ser ante todo un gran gerente y ejecutivo, y no simplemente un ‘doctor’ o militante al que hay que ubicar o instrumentalizar.
ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
Director General De La Espriella Lawyers.
andresbarretog@gmail.com
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