Una encuesta reciente publicada por El País mostró que más del 65% de los españoles considera que el lawfare existe en España. En efecto, España viene experimentando una creciente judicialización de la política, un fenómeno ya conocido en varios países de América Latina, donde portadas de diarios, horas de TV radio y relatos en redes sociales giran más en torno a denuncias, investigaciones, juicios y condenas contra dirigentes políticos.

Esa dinámica no es nueva, pero no afectaba al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) (como en la actualidad), quitándole relevancia cuando involucró a representantes y militantes de Podemos, con más de veinte querellas archivadas desde 2015; Mónica Oltra en Valencia; líderes del procés catalán; referentes del independentismo vasco. Existen casos que implican a dirigentes del Partido Popular o de Vox, partidos de derecha, pero suelen tener menos recorrido mediático y se favorecen de un entorno judicial donde predominan perfiles conservadores.

Las causas que mantienen la atención de la prensa desde mediados de mayo son la denominada Plus Ultra, que investiga al histórico dirigente del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero (en adelante RZ) y que tiene una conexión directa con Venezuela; las causas que involucran al hermano del presidente Pedro Sánchez, a su esposa y a ex ministros del PSOE. A continuación, presentaremos indicadores que marcan continuidad con el lawfare (persecución política por la vía judicial-mediática) tal como se experimenta en América Latina. Si los involucrados son culpables o no de los delitos que se les imputan, deberá demostrarlo la justicia en tiempo y forma.

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