El derecho de la mujer a la interrupción del embarazo ha seguido varias etapas en la legislación: la ley orgánica 9/1985, de 5 de julio, sobre supuestos justificativos del aborto (violación, riesgo para la salud de la mujer y malformación del feto); la ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, vulgarmente conocida como "ley de plazos" (permisión del aborto hasta la semana 14); y ley orgánica 1/2023, de 28 de febrero, que obliga a la creación de un registro en las Comunidades Autónomas de personal sanitario objetor de conciencia a la práctica del aborto.  

En una tumultuosa sesión de la Asamblea Legislativa de Madrid, el 9 de octubre de 2025, la presidenta de la Comunidad Autónoma madrileña, Díaz Ayuso, manifestó que se oponía al registro de personal sanitario objetor a la práctica del aborto,  porque era  una "lista negra" y no quería señalar a los objetores. También dijo expresamente: "váyanse a otro lado a abortar".

El Gobierno por conducto del Ministerio de Sanidad recurrió el 15 de noviembre de 2025 la negativa de la presidenta de Madrid a abrir un registro del personal sanitario objetor a la práctica del aborto, tal como exige la ley orgánica 2/2010 citada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha exigido en sentencia del 9 de marzo de 2026 al Gobierno de la Comunidad madrileña crear inmediatamente el citado registro. La presidenta sique rechazando abrir el registro.

A pesar de la acción legal del Gobierno de España y de la sentencia del TSJM con seguridad la presidenta madrileña se irá de rositas tras desobedecer una ley estatal sobre el aborto, porque el derecho español no contempla sanciones personales para el cargo público que desobedece, sino sanciones para la administración pública correspondiente. Para que haya sanciones personales es necesario un paso posterior, en el que el cargo público sigue desobedeciendo reiteradamente tras una sentencia judicial firme. Solo en esta circunstancia podría ser sancionada personalmente la presidenta por negarse a un registro de ........

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