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Un acuerdo mediocre que retrata a sus autores y empeora la sanidad pública andaluza

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26.08.2026

El 29 de julio pasado, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) firmaron un acuerdo de ámbito autonómico, con la supuesta intención de conseguir "la mejora de las condiciones profesionales del personal médico y facultativo del Sistema Sanitario Público de Andalucía" (SSPA) durante la próxima legislatura.

Antes de analizar aspectos de su contenido, se ponen de manifiesto dos perversiones muy graves que subyacen en el mundo sanitario de nuestro país actualmente. En primer lugar, el hecho de haberse producido ese acuerdo anula y destapa lo esencial del reciente conflicto (con huelga) que han mantenido parte de los médicos. Las posiciones de las organizaciones convocantes de ese conflicto son, en cierta manera, engañosas. Las competencias sanitarias están transferidas a las Comunidades Autónomas (CCAA) desde hace décadas y competencia es también responsabilidad. Las plantillas de los centros sanitarios, la organización de la jornada laboral, las convocatorias de concursos de plazas y las remuneraciones de los profesionales son competencias de las CCAA, no del Ministerio de Sanidad. Las reivindicaciones y exigencias sobre estos conceptos deben dirigirse a las respectivas Consejerías de Salud de cada Comunidad si se pretende ser coherente y riguroso. Parece como si este conflicto pretendiera desestabilizar al Gobierno Central y parte de los médicos han sido utilizados para ello. Cuando el SMA pacta ahora con la Consejería de Sanidad algunas de las reivindicaciones claves del conflicto y acuerda poner fin a la huelga en Andalucía, demuestra lo equivocado del conflicto nacional en muchos de sus planteamientos.

Por otro lado, ese pacto es una demostración más de que las organizaciones firmantes y sus protagonistas pretenden apoderarse de algo que no les pertenece en absoluto. El Sistema Sanitario Público andaluz es propiedad de los ciudadanos que lo financiamos. Y tiene que gestionarse para resolver, cuanto antes, los graves problemas sanitarios que tiene la sociedad andaluza actual. Pero esas necesidades sanitarias de la población parecen no tenerse en cuenta para nada en ese acuerdo.

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Veamos. Múltiples datos revelan que en los últimos años se ha instaurado un deterioro creciente del Sistema Sanitario Público andaluz con financiación insuficiente y mal empleada y una Atención Primaria (la columna vertebral del sistema) devastada, con su función preventiva perdida. En el informe de la Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública (FADSP) de 2024, Andalucía ocupaba el penúltimo lugar de todas las CCAA en cuanto a la calidad de sus servicios sanitarios. En el último barómetro sanitario (2025) el porcentaje de ciudadanos andaluces que opinan que su sistema sanitario funciona bien o muy bien es el más bajo del país y, por el contrario, los que opinan que funciona mal o muy mal es el más alto de todas las CCAA. Actualmente las listas de espera sanitarias en Andalucía son las peores del país, situándose en un nivel escandaloso con repercusiones muy graves en la salud de la población.

Y las consecuencias de ese deterioro no se han hecho esperar. Hoy la mortalidad ajustada por edad en Andalucía es la mayor del país, tanto en hombres como en mujeres. En octubre pasado surge el escándalo en el programa de cribado de cáncer de mama, pero ello no fue un hecho aislado, sino la expresión de una estructura calamitosa que sin duda, tiene responsables. En lo que va de siglo, los fallecimientos por cáncer de mama han ido disminuyendo a lo largo de los años en todo el país, pero en Andalucía en ese periodo, la tasa de mortalidad se ha ido manteniendo superior al resto de España. La mortalidad por cáncer de mama a lo largo de los años en cada provincia española se conoce. Y para 2023, cinco provincias andaluzas se situaban entre las diez primeras del país. En la misma fecha y documentado en la misma fuente, si miramos las tasas de cáncer de colon en hombres puede comprobarse que entre las diez provincias con tasas más altas, seis son andaluzas.

Recientemente se han conocido los resultados de investigaciones muy rigurosas que han analizado y profundizado en estos aspectos. Se ha demostrado que durante el sexenio de 2019 (año del inicio de los gobiernos del Partido Popular (PP) en Andalucía) a 2024 ha........

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