14/03/202414/03/2024 Nuevos cortes de carretera en la huelga del metal de Cádiz, a 18 de noviembre del 2021 en Cádiz (Andalucía).-Nacho Frade/EuropaPress
Vivimos un tiempo extraño. Previsiblemente hoy se apruebe en el Congreso la amnistía para las personas imputadas por movilizaciones y acciones políticas que nunca debieron ser judicializadas, mientras asistimos a una ola de represión a movimientos sociales y sindicales.
Bajo el gobierno, en teoría, más de izquierdas desde la república, asistimos pacientemente a un retroceso en derechos civiles y sindicales y a un auge de los casos de represión. Dentro de unos años, podremos decir citando a Blade Runner: "he visto cosas que vosotros no creeríais".
En los últimos tiempos, hemos visto la condena a 'los seis de Zaragoza' que en breve entrarán en prisión por manifestarse ante un mitin de la extrema derecha y sin más pruebas que la declaración de un policía. Hemos visto también la condena a seis sindicalistas de la CNT de Gijón por una protesta contra el despido de una trabajadora de una pastelería, La Suiza.
Los casos se multiplican: los ocho de la PAH de Guadalajara a los que les piden tres años de cárcel por una sentada, el rapero Pablo Hassel en prisión por las letras de sus canciones, las causas contra el movimiento ecologista y Futuro Vegetal o los casos descubiertos de infames infiltraciones de policías nacionales en movimientos sociales en Cataluña.
Terrorismo, derecho de defensa y ley mordaza. Objetivo prohibir la protesta social Pero no hay que irse muy lejos. En Andalucía también hemos visto "cosas que no creeríais". Tenemos los ejemplos del periplo judicial de las activistas feministas del Coño Insumiso en Sevilla, que fueron finalmente absueltas tras años de espera; o la campaña sistemática contra el SAT, que acumula cientos de miles de euros en multas y decenas de años de cárcel; e incluso dos sindicalistas que han estado en prisión por movilizaciones: Andrés Bódalo y Fran Molero.
Pero lejos de arreciar, en los últimos meses aparecen cada vez más casos. En Granada hay tres sindicalistas imputados por una protesta totalmente pacífica en la sede de la Consejería de Turismo. La acusación particular presentada por la Junta les pide hasta 5 años de prisión por colgar una pancarta.
Hace apenas unas semanas, los trabajadores de Acerinox cortaron una carretera después de semanas en huelga, paralizando la mayor acería del estado y sin que apenas se le mostrara atención por parte de los medios. La policía detuvo a un trabajador. Era un viernes. El lunes tuvo un juicio rápido y por la tarde salió la sentencia: un año de prisión. La justicia en determinadas ocasiones es tremendamente rápida. Curioso.
La absolución de un mosso por detención ilegal reabre el debate sobre la desprotección de los manifestantes En la otra bahía de la provincia de Cádiz, piden tres años de prisión a ocho trabajadores por la huelga del metal del año 2021. Aquella en la que el gobierno de PSOE y Unidas Podemos (hoy digievolucionado en Sumar) mandó una tanqueta que se ha convertido en todo un símbolo de la represión a los trabajadores que se movilizan.
Se me escapan muchos otros casos. A esto hay que sumar los incontables despidos con los que se suelen responder las reivindicaciones laborales en cientos de empresas y que en muy pocas ocasiones tienen una respuesta judicial justa.
Lo más importante de todo esto es entender que no estamos hablando de casos puntuales; hablamos de toda una dinámica política de fondo que cada vez más lo impregna todo. El aparato estatal reprime hoy lo que hace décadas, con una legislación muy parecida, era incapaz de judicializar.
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Amnistía, ¿para quién?
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14/03/202414/03/2024 Nuevos cortes de carretera en la huelga del metal de Cádiz, a 18 de noviembre del 2021 en Cádiz (Andalucía).-Nacho Frade/EuropaPress
Vivimos un tiempo extraño. Previsiblemente hoy se apruebe en el Congreso la amnistía para las personas imputadas por movilizaciones y acciones políticas que nunca debieron ser judicializadas, mientras asistimos a una ola de represión a movimientos sociales y sindicales.
Bajo el gobierno, en teoría, más de izquierdas desde la república, asistimos pacientemente a un retroceso en derechos civiles y sindicales y a un auge de los casos de represión. Dentro de unos años, podremos decir citando a Blade Runner: "he visto cosas que vosotros no creeríais".
En los últimos tiempos, hemos visto la condena a 'los seis de Zaragoza' que en breve entrarán en prisión por manifestarse ante un mitin de la extrema derecha y sin más pruebas que la declaración de un policía. Hemos visto también la condena a seis sindicalistas de la CNT de Gijón por una protesta contra el despido de una trabajadora de una pastelería, La Suiza.
Los casos se multiplican: los ocho de la PAH........
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