El ajuste económico dispuesto mediante el Decreto Supremo 5503, aprobado en diciembre de 2025 por el presidente Rodrigo Paz Pereira, marca un quiebre abrupto en la historia reciente de la política económica boliviana. No solo sorprendió por el momento elegido, cuando la mayoría esperaba la corrección después de las elecciones subnacionales de 2026, sino por la forma: un ajuste de shock y no gradual, como sugería buena parte de los economistas. La eliminación casi total del subsidio a los carburantes, con excepción de la garrafa de gas, disparó el precio del diésel de Bs 3,72 a Bs 9,80 y el de la gasolina de Bs 3,74 a Bs 6,96. El mensaje fue claro: el modelo basado en precios artificiales había llegado a su límite.

Esta decisión puede convertirse en un hecho histórico si logra consolidarse. No porque el ajuste sea popular, sino porque abre la posibilidad de una transición desde un neo estatismo rígido hacia un esquema más flexible, cercano a una economía socialdemócrata moderna, con mercado, Estado y regulaciones claras. En Bolivia, durante más de una década, el subsidio a los hidrocarburos funcionó como anestesia económica y herramienta política. Permitió contener precios, sostener consumo y postergar decisiones incómodas, pero lo hizo a costa de las reservas internacionales y de crecientes distorsiones macroeconómicas.

Hasta hace pocas semanas, analistas, periodistas y ciudadanía asumían que ningún gobierno se atrevería a aplicar un ajuste de esta magnitud antes de un proceso electoral. El cálculo político era evidente: el........

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