Los miembros de la Fuerza Pública, al igual que los colombianos en el exilio, tendrán derecho a los planes y programas de indemnización contemplados en la Ley de Víctimas, así lo señala una reforma aprobada esta semana por la Plenaria del Senado.

El ponente del proyecto radicado por la Defensoría del Pueblo, el conservador Germán Blanco, asegura que lo aprobado hace justicia con quienes también han sido víctimas y no estaban, paradójicamente, incluidos en los beneficios señalados para resarcir los efectos negativos de la guerra.

“La ley de Víctimas ameritaba una serie de modificaciones porque la sentimos incompleta, el proyecto presentado por la Defensoría del Pueblo cambia el enfoque y se centra en los derechos humanos, por lo que hay un artículo que reconoce a policía y militares como sujetos de derecho de indemnización, al igual que aquellos colombianos que por cuenta de la violencia debieron exiliarse para salvar sus vidas”, explica el senador Blanco.

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En las primeras de cambio el artículo que reconoce a militares y policías como víctimas generó muchas discusiones, pero con el paso de los debates se logró la construcción del consenso requerido para su aprobación unánime, tanto en la Comisión Primera como en la plenaria del Senado.

“Si reconocemos que hubo un conflicto, pues había partes en ese conflicto y es ilógico pensar que la Ley de Víctimas no reconociera a las fuerzas militares y de policía para estar incluidos en los efectos de la misma ley, porque así portaran un uniforme, también sufrieron los efectos negativos de la guerra, del conflicto, en eso orden de ideas lo mínimo que se puede hacer es reconocerles el derecho a ser cobijados con los programas de la Ley”, señaló el congresista antioqueño.

En relación con las víctimas de la guerra que están en el exterior, según el senador Blanco, no había una regulación que aún en el asilo les reconociera su condición de víctimas del conflicto, por eso se pide que sean parte de la Ley de Víctimas.

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“Qué es lo que se busca, reconocer su condición de víctimas porque con el asilo, además del desarraigo, ellos perdieron los nexos con la institucionalidad, los nexos con los programas, con los proyectos, entonces se crea una oficina para que controle y atienda las víctimas en el exterior y se definen algunos recursos que permiten, incluso, la repatriación de los cadáveres cuando sucede su muerte fuera del país”, explicó Blanco.

El presidente de la Comisión Primera de Senado, además, expresó que es necesario que se reconozca el derecho de todas las personas que padecieron los efectos de la guerra y ese derecho, insiste, lo tienen quienes portaron el uniforme y las armas de la República, así como quienes debieron abandonar el país para salvar sus vidas.

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