Muy mal terminó el mes de enero para el sindicato que dirige el independentista redimido Pepe Álvarez. El día 23, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anulaba el Real Decreto 1027/2022. Lo firmaba la ministra Pilar Alegría y había adjudicado de manera directa 30 millones en subvenciones a UGT y a las patronales CEOE y CEPYME. El sindicato fue agraciado con 10.208.333€ y con esta morterada de dinero los de Álvarez se comprometían a impartir 30 horas lectivas, a un máximo de 41.667 trabajadores, para contribuir a "la digitalización del sector productivo".

Dos años antes, en plena pandemia, la anterior ministra de Educación, Isabel Celaá, ya le había enchufado otros 10 millones a UGT con el mismo propósito [Real Decreto 1104/2020]. El Tribunal Supremo consideró entonces que la adjudicación directa "estaba justificada al existir circunstancias singulares para no seguir la convocatoria pública, ya que se realizó en plena pandemia de COVID-19".

Coincidiendo con la anulación de la subvención, el pasado lunes 29 de enero se iniciaba en la Audiencia de Sevilla el juicio a cinco antiguos responsables de UGT-Andalucía, entre ellos el ex secretario general, que asumió el cargo cuando ya había estallado el escándalo y se "comió el marrón". Están acusados por los supuestos delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en........

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