Un paso más para regar a Cataluña y castigar a Madrid

La propuesta del Gobierno para reformar la financiación autonómica reabre el debate sobre el reparto de recursos entre comunidades.

El Congreso ha rechazado la senda de estabilidad y el techo de gasto no financiero, necesarios para la elaboración de los presupuestos. Volverán a insistir en ello y, como reformaron la normativa, podrán seguir adelante pese a un potencial segundo rechazo, aunque sea incoherente querer aprobar unos presupuestos sin que se acomode a la senda y gasto necesarios para los mismos. Al Gobierno le da igual, porque tampoco pretende aprobarlos, sino articular un ardid, en parte como precampaña electoral y, sobre todo, para ocultar los privilegios que quiere otorgar a los independentistas catalanes vía un nuevo sistema de financiación que los beneficie.

La reforma del sistema de financiación autonómica es una necesidad inaplazable. El modelo vigente acumula años de retraso, ha quedado desfasado respecto a la evolución demográfica y económica de España y requiere una revisión profunda que garantice suficiencia financiera, corresponsabilidad fiscal, solidaridad e incentivos adecuados para una gestión eficiente de los recursos públicos. Precisamente por esa importancia, la reforma debería responder a criterios económicos e institucionales sólidos. Sin embargo, la propuesta remitida por el Gobierno a las comunidades autónomas, básicamente la misma de hace meses, parece responder a una lógica muy distinta: resolver una necesidad política inmediata.

El Ejecutivo presenta el documento como una reforma beneficiosa para todas las comunidades. La fórmula elegida resulta aparentemente atractiva: aumentar el porcentaje de cesión de los grandes impuestos y complementar ese incremento con una mayor aportación de la Administración General del Estado. Es una manera de intentar neutralizar resistencias. Si todas las comunidades reciben inicialmente más recursos, resulta más difícil oponerse al conjunto de la reforma, aunque lo racional es hacerlo, porque conviene no confundir el envoltorio con el contenido. La cuestión relevante no es quién recibe más dinero el primer día, sino cuál es el diseño institucional que se está construyendo y hacia dónde conduce.

Y ahí aparecen las verdaderas dudas.

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