Al menos un consenso básico existe en la opinión pública española. A favor o no de la amnistía y de los acuerdos con los independentistas, todos consideran que se trata de un camino difícil, lleno de riesgos. Aunque esos acuerdos puedan evadir los aspectos sustantivos específicos del independentismo, y deban realizarse dentro del espíritu de la Constitución, es evidente que albergarán complejidades y confusiones que pueden dar lugar a intervenciones oportunistas, orientaciones precipitadas y decisiones tomadas bajo coacción. Ignorar estos riesgos sería letal.
Que esos riesgos se den por males consumados, no es razonable. Sólo quien no tenga una verdadera confianza en nuestro Estado de derecho puede pensar que la capacidad discrecional del Poder Ejecutivo es tan grande como para llevarnos a las aventuras que a menudo se vociferan. Todavía es más presuntivo que esa sea la voluntad del presidente Sánchez. Es verdad que la Constitución del 78, como es tradicional en España, aspiró a controlar la situación según lo que en la Restauración de 1876 se llamó la Dictadura de Gobierno. Esa tendencia concedió a gentes como González y Aznar la sensación de omnipotencia cuando lograron sus mayorías absolutas.
Esos grandes poderes del Ejecutivo se lograron con la institución de las listas cerradas y con la atribución de poderosas intervenciones en el campo del poder judicial. Mientras todo se suponía que estaba atado y bien atado, nadie protestó de estas importantes competencias. Las protestas actuales no proceden de aquellos que desde los años 90 vienen denunciando la disfuncionalidad del diseño constitucional de poderes, sino de la más reciente constatación por parte de algunos de que esos poderes puedan caer en lo que ellos consideran malas manos. Sin embargo, esas protestas tienen lugar justo cuando el Poder Ejecutivo, por el estallido de la desconfianza en los dos partidos centrales, es menos poderoso que nunca y está más sometido al Parlamento que en ninguna ocasión anterior.
En realidad, las protestas son contra el Parlamento, no contra el Ejecutivo. Proceden de aquellos que, por su contribución al desprestigio de la representación política, nos condujeron al estallido de una desconfianza que llevó al sistema político a la pluralidad propia de una democracia que busca libremente alternativas. Puede que ese proceso haya conducido a una mayor inestabilidad del voto, pero incluso así, sigue siendo un voto democrático, libre y legítimo. Los que cuestionan la legitimidad de la base parlamentaria del Ejecutivo, no hacen sino condenar la pluralidad democrática que su propia irresponsabilidad pasada produjo. Ellos llevaron al régimen de partidos al borde del colapso y ahora no pueden quejarse de que el electorado no les conceda mayorías amplias. La experiencia de lo que ellos hicieron cuando las gozaron lo recomienda.
Aunque plural e inestable, la representación política deberá encontrar su camino de asentamiento en libertad. Y esta legislatura será parte de ese camino, en el que no está escrito que estabilización signifique concentración del voto. Veo más probable que el asentamiento estabilice la pluralidad y que ello fortalezca el parlamentarismo. Pero, volviendo al principio, para ese camino de asentamiento se debería dar una condición. Los poderes de garantías, con funciones de compensación de mayorías, deben funcionar correctamente. Y entre ellos, el Poder Judicial y el Poder Territorial.
Por eso no comprendo el inmovilismo del PP a la hora de renovar el CGPJ. Pues en una situación que toda la ciudadanía comprende como de riesgos, la única forma de que estos sean detectados, denunciados y corregidos de forma unívoca y clara, plenamente legítima y persuasiva, es que esos órganos de garantías estén en el uso de sus funciones, plenamente incuestionados en su fondo y en su forma. ¿De qué sirve a la ciudadanía que un CGPJ caducado, que impide la plena conformación del TS y que de rebote deja vacantes en el TC, pueda posicionarse contra la amnistía? ¿De qué nos sirve que un órgano sometido a todas las denuncias posibles de inconstitucionalidad pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad de algo? ¿No se da cuenta el PP de que, de esta forma, cuenta con aliados estériles, disminuidos, incapaces de hacer otra cosa que ruido? ¿Es ruido lo único que quiere hacer el PP?
Si es verdad que entramos en zona desconocida, que puede que sea una zona duradera, ¿no sería mejor que los órganos institucionales alternativos al Ejecutivo central y al Legislativo estuvieran impecablemente constituidos para que cuando hablaran gozaran de la suficiente autoridad? ¿Y no sería mejor que la formación del CGPJ estuviera decidida de la única manera que garantiza la despolitización fundacional, que es mediante sorteos reglados, y que sus asuntos se limitaran debidamente a lo que concierne al régimen interno de la carrera judicial? ¿Y no sería deseable que el verdadero Senado del Estado, la Conferencia de Presidentes, funcionara a pleno rendimiento como elemento compensatorio del Ejecutivo central?
Estas preguntas encierran la cuestión trascendental. Impidiendo el legítimo funcionamiento de las instancias constitucionales capaces de controlar, contener o compensar los poderes del Gobierno central, y entregándose a una política de ruido, ¿busca el PP otra cosa que bloquear y tornar irrelevante e ilegítima la situación de pluralidad actual para que, una vez eliminada -entonces sí- hacerse con los poderes concentrados que en otros tiempos tuvo? ¿Sólo bajo esa condición considera el PP aceptable los resultados de la democracia española como para activar las plenas instancias constitucionales? ¿No implica esta actitud aceptar la Constitución no por ser el órgano de la democracia española, sino sólo por ser la promesa exclusiva de su poder?
La pregunta trascendental
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09.12.2023
Al menos un consenso básico existe en la opinión pública española. A favor o no de la amnistía y de los acuerdos con los independentistas, todos consideran que se trata de un camino difícil, lleno de riesgos. Aunque esos acuerdos puedan evadir los aspectos sustantivos específicos del independentismo, y deban realizarse dentro del espíritu de la Constitución, es evidente que albergarán complejidades y confusiones que pueden dar lugar a intervenciones oportunistas, orientaciones precipitadas y decisiones tomadas bajo coacción. Ignorar estos riesgos sería letal.
Que esos riesgos se den por males consumados, no es razonable. Sólo quien no tenga una verdadera confianza en nuestro Estado de derecho puede pensar que la capacidad discrecional del Poder Ejecutivo es tan grande como para llevarnos a las aventuras que a menudo se vociferan. Todavía es más presuntivo que esa sea la voluntad del presidente Sánchez. Es verdad que la Constitución del 78, como es tradicional en España, aspiró a controlar la situación según lo que en la Restauración de 1876 se llamó la Dictadura de Gobierno. Esa tendencia concedió a gentes como González y Aznar la sensación de omnipotencia cuando lograron sus mayorías absolutas.
Esos grandes poderes del Ejecutivo se lograron con la institución de las listas cerradas y con la atribución de poderosas intervenciones en el campo del poder judicial. Mientras todo se suponía que estaba atado y bien atado,........
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