Es manifiesta la incomodidad de la jerarquía católica española ante el informe del Defensor del Pueblo sobre las víctimas de abusos sexuales bajo su paraguas en escuelas, campamentos e iglesias. No es novedad. Han llegado a esta necesaria investigación más tarde que otras democracias, arrastrando los pies, intentando retrasarla o evitarla tanto como han podido y, por tanto, su reacción a las conclusiones que dan una modesta cifra (atendiendo a su influencia y poder históricos) de 400.000 víctimas no podía ser distinta.

Como asegurar de nuevo que hay más abusos a niños dentro de la familia que bajo el manto de la Iglesia católica. Obviamente, dado que hay bastantes más familias que curas. Pero en las familias donde hay abusos no se decide coger al padre, tío o hermano abusador e irlo moviendo de familia en familia para que lo vaya repitiendo mientras se le conmina (sin denuncia pública) a no hacerlo más. Y eso no es cosa del pasado. Se acaba de detener a un cura que se estrenó en el 2017 en diversas parroquias de Málaga y que, solo cuatro años después, fue trasladado a Melilla precisamente por algunas denuncias sobre su actitud. Y en Melilla, una feligresa que era su pareja encontró un disco duro donde había vídeos del cura violando presuntamente a mujeres inconscientes. Lo denunció a sus superiores y la solución fue… efectivamente, trasladarlo a un nuevo destino. Hasta que la chica, impotente, lo denunció a la policía, el cura no fue detenido y el caso investigado.

La forma como ven estos delitos, que no pecados, los padres de la Iglesia queda clara cuando piden que todos sean indemnizados y no solo las víctimas de su desidia e irresponsabilidad. Otras conferencias episcopales, con informes similares, enseguida vendían patrimonio para futuras indemnizaciones que los obispos españoles parecen desear que sea con dinero público. Los mismos que gastan más en sostener una radio que en Cáritas.

Dentro de unos días, los 80 obispos españoles están llamados a Roma por el papa Francisco. Espero que no sea para hablar de dinero y patrimonio, sino, por fin, de cómo acompañar y pedir perdón a las víctimas y a sus familias.