Estos días pueden ser decisivos para encauzar la marcha del país en el futuro inmediato. El acontecimiento crucial es la investidura, y la palabra clave es la amnistía. No hay acuerdo entre juristas ni entre políticos sobre la legalidad de una amnistía ni sobre su oportunidad. Sin pretender enmendar la plana a nadie, nos permitimos ofrecer la opinión de un grupo que no tiene más interés que el de contribuir a la buena marcha del país.
En términos generales, la amnistía no se compadece con nuestro ordenamiento jurídico y tiene difícil encaje en la práctica democrática, ya que, de no estar cuidadosamente diseñada, puede tener consecuencias jurídicas no deseadas y puede, además, ser mal acogida por la ciudadanía. Nada de eso la hace ilegal, pero indica que solo puede ser contemplada como una medida de excepción, reservada para resolver situaciones extraordinarias, y que su redacción debe ser muy meditada.
Estamos en una situación extraordinaria. Intuimos que, después de los progresos logrados durante la anterior legislatura, una amnistía bien diseñada puede ofrecer una salida a los conflictos creados por el procés. Admitamos, para no perdernos en las brumas de la historia, que esos conflictos son el resultado tanto de la irresponsable votación de las llamadas leyes de desconexión como de la respuesta del gobierno central a la convocatoria de un referéndum ilegal. Creemos que una amnistía contribuiría a cerrar heridas, a que todos pusiéramos nuestro empeño en abordar los problemas, no solo de Catalunya, sino también del resto de España.
La amnistía es una medida de gracia, y por consiguiente no implica un juicio sobre actuaciones anteriores de unos u otros, ni supone que esas mismas actuaciones en circunstancias distintas hayan de verse exentas de culpa. Ni implica desautorizar la sentencia del Tribunal Supremo ni bendeciría la repetición de los sucesos del 2017.
Pero, en nuestra opinión, su aplicación se justifica plenamente solo si, a la vez que ofrece una salida a los encausados por el procés, estos se avienen a compartir el poder con los ciudada-nos del resto de España y a esforzarse por perfeccionar el Estado autonómico para convertirlo en un verdadero Estado federal. Si suscriben un compromiso político con un claro desarrollo legislativo que vaya más allá de simples declaraciones.
En nuestra opinión, en ese empeño contarían con el apoyo de la mayoría de los catalanes, y con él darían a Catalunya lo que necesita, un buen gobierno, del que hemos carecido hasta hoy, en buena parte porque la actuación de los gobernantes se ha visto supeditada a las exigencias de la lucha por la independencia.
La amnistía no significa el perdón del independentismo por los defensores de la España una. Tampoco es una victoria de Junqueras o de Puigdemont frente a Rajoy o Feijóo. Los partidarios de la España una no han perdido nada, porque España no se ha roto. Además, el gobierno de Rajoy tiene mucha responsabilidad en todo lo ocurrido. Por su parte, el independentismo, al poner la independencia como requisito previo al buen gobierno, ha obviado la negociación, laboriosa, ingrata pero posible al fin, de cosas que hubieran sido de utilidad a todos los catalanes. La amnistía es, ante todo, un acto de generosidad de los muchos catalanes que se sienten españoles y que han asistido, sin voz ni voto (no olvidemos la singularidad de la ley electoral), a los disparates de unos
y a la cerrazón de otros. Y ha de alcanzar a todos los encausados, incluyendo a aquellos que fueron enviados a mantener el orden.
En su discurso de investidura, Pedro Sánchez expresó repetidas veces su compromiso con la Constitución. No así la otra parte. No sabemos qué forma ha de adoptar su compromiso, pero ha de manifestarse, y debe contar con un amplio apoyo del Parlamento. Ese compromiso no obliga a nadie a renunciar a sus ideales ni a trabajar por ellos; sí obliga a hacerlo dentro del marco legal existente. Nada nuevo, pero sí ignorado en el 2017. En su ausencia, la amnistía no logrará su objetivo, tantas veces anunciado, de abrir un camino de reconciliación: esa pacificación tan traída y llevada, y en cuyo beneficio durante la anterior legislatura se han dado pasos significativos.
Digamos de paso que unas recientes declaraciones que repiten que el compromiso del independentismo se extingue con la votación de investidura van exactamente en la dirección opuesta. Un compromiso estable significa un apoyo a las grandes líneas de la acción legislativa; no es un “cheque en blanco”, para emplear por un momento el lenguaje parlamentario moderno, ni un acto de sumisión, y es tan indispensable como el compromiso de Pedro Sánchez. Por el contrario, la pretensión de pasar factura antes de cada votación es propia de mercachifles.
Si Pedro Sánchez acepta trabajar por una amnistía solo por superar la investidura, se le acusará, con razón, de haberse vendido por un puñado de votos. Tampoco es propio de magistrados pronunciarse sobre un texto que no han leído. Ni pretender que la ley de amnistía puede vulnerar derechos de la ciudadanía. Nuestra democracia merece algo mejor.
TREVA I PAU, formado por Jordi Alberich, Eugeni Bregolat, Eugeni Gay, Jaume Lanaspa, Juan-José López Burniol, Carles Losada, Josep Lluís Oller, Alfredo Pastor, Xavier Pomés y Víctor Pou
Una amnistía posible
29
1
20.11.2023
Estos días pueden ser decisivos para encauzar la marcha del país en el futuro inmediato. El acontecimiento crucial es la investidura, y la palabra clave es la amnistía. No hay acuerdo entre juristas ni entre políticos sobre la legalidad de una amnistía ni sobre su oportunidad. Sin pretender enmendar la plana a nadie, nos permitimos ofrecer la opinión de un grupo que no tiene más interés que el de contribuir a la buena marcha del país.
En términos generales, la amnistía no se compadece con nuestro ordenamiento jurídico y tiene difícil encaje en la práctica democrática, ya que, de no estar cuidadosamente diseñada, puede tener consecuencias jurídicas no deseadas y puede, además, ser mal acogida por la ciudadanía. Nada de eso la hace ilegal, pero indica que solo puede ser contemplada como una medida de excepción, reservada para resolver situaciones extraordinarias, y que su redacción debe ser muy meditada.
Estamos en una situación extraordinaria. Intuimos que, después de los progresos logrados durante la anterior legislatura, una amnistía bien diseñada puede ofrecer una salida a los conflictos creados por el procés. Admitamos, para no perdernos en las brumas de la historia, que esos conflictos son el resultado tanto de la irresponsable votación de las llamadas leyes de desconexión como de la respuesta del........
© La Vanguardia
visit website
login
who are we?
contact us
qosheapp
Toi Staff
Gideon Levy
Belen Fernandez
Rami G Khouri
Mort Laitner
Rachel Marsden
Donald Low
Bradley Blankenship
Ali Fathollah-Nejad
Nikkei Editorial
Abbas Juma
Michael Kwet
