Soy de aquellas personas que desde un principio no creyó necesaria una nueva Constitución. De hecho, sigo convencida de que una nueva no traerá la solución a los principales problemas del país. Probablemente, hoy sean muchos más los que piensen lo mismo, pues se han ido sumando los desilusionados, que se han dado cuenta que llevamos cuatro años sumidos en una discusión que no ve la luz, en medio de la mayor crisis de seguridad por la que atraviesa el país, con una economía que no crece y con urgentes demandas sociales pendientes. Pero aun poniéndome en ambos lados, hoy pienso que existen buenas razones para votar A favor el 17-D.
Para aquellos más escépticos, es importante que sepan que la Constitución que estaba en juego el 2020 es distinta a la de hoy. Para decirlo en simple: la Constitución vigente no es la “Constitución del 80″. De hecho, al 2020 tampoco lo era, y no lo era por todas las reformas a la misma, aunque algunos recién vengan a reconocerlo. Pero, además, la Constitución actual tampoco es “la de Lagos”, pues tras las últimas reformas de 2022, esta perdió aquello que le otorgaba estabilidad. La razón es que basta con reunir un quorum de 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio (un 57% del Congreso) para modificar cualquiera de sus partes. Por otro lado, las leyes orgánicas constitucionales (LOC), que regulan materias tan relevantes como la autonomía del Banco Central y gran parte de las principales instituciones, que antes podían ser modificadas o derogadas con 4/7, hoy lo pueden hacer con la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio. En razón de ello, muchos aspectos de nuestra institucionalidad pueden fácilmente ser modificados por mayorías circunstanciales.
La propuesta de nueva Constitución, en cambio, eleva el quorum de reforma a la Constitución a 3/5 (60% del Congreso), en sintonía con otros países, a fin de darle una mayor estabilidad al texto constitucional y con ello al funcionamiento del país. También, dada la desaparición de las LOC, se trasladan a la Constitución algunas de sus normas, con la intención de resguardar elementos clave para nuestra institucionalidad. Así ocurre con las normas relativas a los nombramientos y causales de remoción de los consejeros del Banco Central o la función de control de la probidad administrativa por parte de la Contraloría, por mencionar algunos ejemplos.
Para aquellos ya agotados, y precisamente para que la política pueda abocarse a las reales demandas ciudadanas, no resulta indiferente el voto de diciembre. Votar “En contra” podría dejar abierto el proceso, con toda la incertidumbre que ello acarrea, más aún por el bajo quorum de reforma de la Constitución vigente. Significa, además, mantener el sistema político que ha impedido avanzar en las reformas urgentes. Votar “A favor”, en cambio, ofrece ventajas importantes: el texto propuesto conserva los elementos que han sido clave para la prosperidad de los últimos años, junto a un quorum más alto de reforma; y se introducen cambios al sistema político que permitirían abocarse a las prioridades de las personas.
Por Pilar Hazbun, coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de LyD
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