Pasaron cuatro años y la ciudadanía no se pronunció por un nuevo orden social que fuese deseable para la actual y las futuras generaciones. Los dos intentos -el de la Convención y el del Consejo- se caracterizaron por la altanería, el abuso ideológico, las limitaciones intelectuales y mediocridad de algunos intervinientes. Al final del día, quedó ratificada la vilipendiada Constitución actual, que no pudo ser modernizada ni se recogieron necesarios cambios en materia de estructura política, ni tampoco avances en garantías sociales e individuales. Así pues, la experiencia de los últimos 30 años, que demostraba que era necesario equilibrar el actual poder avasallador del Estado con el bien común y los derechos individuales, se desvaneció. Se ha demostrado, especialmente en el actual gobierno, que el Estado ha desconocido sus deberes y abusado de sus atribuciones, al punto que muchas reglas obligatorias han pasado a ser banalizadas y el país está estancado en la burocracia y en la incertidumbre jurídica.

Se perdió, pues, la oportunidad de reforzar la obligatoriedad del Estado en materias que le son propias y urgentes, como la seguridad de las personas, el resguardo del orden público y el respeto a las libertades individuales. No se incorporaron deberes conjuntos del Estado y los particulares relativos a la protección de los consumidores, el castigo de prácticas abusivas y de la corrupción, pública o privada. Una nueva constitución debería haber propendido a proteger con mayor intensidad a las personas para su adecuado desarrollo material y libre iniciativa. La discusión acerca del significado del Estado Social de Derecho, pudo haberse resuelto con inteligencia y con efectivo entendimiento de la idiosincrasia apartada de los extremos que ha caracterizado a los chilenos por muchos años.

Se perdió, en fin, la oportunidad de incorporar nuevas garantías de gran importancia y actualidad, como el trabajo decente o la vivienda propia y adecuada. Qué importante era que, en un equilibrado contrapeso, el Estado y las personas contrajeran, recíprocamente, obligaciones en aras del interés general, como la protección de la naturaleza, el agua como consumo humano primordial, el deber de cuidado a la familia, la protección de los niños y ancianos, la sustentabilidad y la sostenibilidad, estos dos últimos de la esencia para el resguardo de la naturaleza y la relación al interior de la empresa.

En la degradación de reglas y principios en que hoy vivimos, donde ha campeado el abuso de las ideologías políticas, el voto se llevó la oportunidad de obligar al Estado a respetar a las personas en su integridad humana y material. Y en el caso de los ciudadanos, a aspirar a que un orden social bien estructurado los empoderara y comprometiera su impulso para alcanzar el desarrollo.

Por Álvaro Ortúzar, abogado

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