Bordeando la Navidad, el gobierno Petro finalmente expidió su segundo decreto de emergencia económica. Lo hizo en medio de la vacancia judicial, que incluye a la Corte Constitucional, limitada para tomar una decisión de fondo hasta enero; con el Congreso en receso legislativo; y luego de una operación sin transparencia en la que pidió prestados 23 billones de pesos.

Para justificar el decreto, el gobierno mezcló causas inconexas, muchas de ellas previsibles, que pueden empeorar la crisis fiscal en el 2026. Desde el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con la que se financia el sistema de salud, pasando por desastres naturales, hasta la seguridad de los candidatos. El hundimiento de la ley de financiamiento, otro escenario previsible y resultado de la legítima oposición a su gobierno en el Congreso, sigue estando entre los argumentos para expedirlo.

Todo esto desnuda a un presidente dispuesto a llevarse por delante al mercado, al Congreso y a la Corte con tal de no limitar el enorme presupuesto de su gobierno en pleno año electoral. Justo hoy anunció, por ejemplo, que empezará a girar 230 mil pesos a más de 3 millones de adultos mayores en pobreza o pobreza extrema que no tienen pensión 

En vacancia, la Corte no puede tomar una decisión de fondo sobre el decreto. Por eso, decidió estudiarlo hasta que se termine el receso judicial, el 13 de enero de 2026. Mientras tanto, los impuestos nuevos empiezan a cobrarse. 

“En cualquier caso, lo más probable es que se caiga porque la ley de presupuesto prevé la hipótesis en la que el gobierno no consigue financiar el monto aprobado. La emergencia económica no es necesaria”, dice Alejandro Linares, exmagistrado de la Corte Constitucional.

Después del 13 de enero, la Corte priorizará el estudio del decreto. Para ese momento, el magistrado a cargo puede poner a consideración de la Sala Plena las medidas cautelares contra el decreto mientras se estudia de fondo. La principal, una suspensión provisional al decreto madre que frene los efectos de los nuevos impuestos creados bajo la emergencia.

El gobierno argumenta que la emergencia es necesaria porque la falta de recursos agrava la crisis fiscal y pone en riesgo la garantía de los derechos fundamentales. “La inexistencia de una fuente legalmente habilitada para financiar ingresos por $16.3 billones generan una amenaza grave e inminente al orden económico y social”, dice el decreto.

Luego ofrece ocho causas que amenazan con empeorar las cuentas del gobierno en el 2026. Entre ellas, las restricciones en la caja del gobierno, un problema que arrastra desde el año pasado por una combinación de proyecciones infladas en el recaudo tributario, y crecientes presiones del gasto en rubros inflexibles, como la nómina. O la no aprobación de las leyes de financiamiento, un escenario previsto por las leyes del presupuesto.

También sumó el auto........

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