El 13 de enero se reactiva la rama judicial en Colombia y, con ella, una agenda cargada de decisiones que tendrán incidencia en el rumbo político, económico e institucional del país. Tras un 2025 marcado por aplazamientos, empates y procesos abiertos, los jueces regresan con expedientes pendientes que involucran reformas, nombramientos y algunos de los escándalos de corrupción más relevantes de los últimos años.

Este año, la justicia deberá decidir si avala o frena la emergencia económica decretada en diciembre, si la reforma pensional sobrevive, si cae un magistrado de la Corte Constitucional, quiénes serán condenados por el escándalo de la Ungrd, quién ordenó el magnicidio de Miguel Uribe y si el hijo del presidente irá a juicio. Estas son las batallas judiciales que marcarán el año.

¿Quién lo define? La Corte Constitucional.

¿Qué está en juego? La posibilidad de que el gobierno utilice la figura de la emergencia económica para decretar cambios a impuestos y crear nuevos tributos que estaban incluidos en la reforma tributaria negada por el Congreso. Según un borrador que circuló, algunos de estos impuestos serían: IVA a licores, cigarrillos y apuestas en línea; el cambio del 4×1000 a 5×1000; un aumento del impuesto al patrimonio y un impuesto a la extracción de combustibles fósiles.

El decreto se expidió mientras el gobierno está en números rojos, con 1,3 billones de pesos en los depósitos del Tesoro, una deuda neta casi 62% del PIB, la más grande de la historia. El déficit primario, sin pago de intereses, subiría a niveles históricos por encima del 7%, sin que exista una crisis como la de la pandemia.

Si la Corte Constitucional tumba el decreto expedido el 22 de diciembre, se caerían todas las medidas tributarias que haya expedido o que piense expedir el gobierno. Esa decisión tensionaría más la relación entre la Corte y el presidente Petro, que ya ha dicho que “si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave”. 

¿En qué está el proceso? Como el gobierno expidió el decreto de la emergencia económica durante la vacancia judicial (es decir, las vacaciones de la rama), la Sala Plena decidió reunirse de forma virtual el 23 de diciembre. En la reunión, los magistrados revisaron antecedentes de decretos expedidos en vacancia judicial y decidieron que el receso debía respetarse. 

“El control judicial de constitucionalidad debe cumplirse igualmente teniendo en cuenta las reglas que definen la organización y el funcionamiento de los despachos judiciales en garantía de los derechos de audiencia, acceso a la administración de justicia y el debido proceso, entre otros, y la aplicación estricta de todos los principios que orientan el ejercicio de la función judicial”, dijo la alta Corte. 

Aunque todavía no hay ponencia, el gobierno entró con argumentos débiles para justificar la emergencia. Para que prospere, debería probar que la crisis era imprevisible y que no tiene mecanismos ordinarios para solucionarla. Sin embargo, el Congreso, los expertos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), las calificadoras internacionales y los centros de pensamiento han pedido recortes del gobierno de alrededor de 36 billones. 

Además, el gobierno cuenta con una solución establecida en la ley: congelar y recortar partidas presupuestales. Y dejó en evidencia que podía acudir a otros mecanismos como la  operación de endeudamiento lanzada por el Ministerio de Hacienda.

¿Qué debe definirse? Si se cae o no el decreto de la emergencia económica. De ser así, la Corte, además de declarar el derrumbe de las medidas tributarias, podría ordenar regresar lo recaudado.

¿Quién lo define? La Corte Constitucional. 

¿Qué está en juego? Si la reforma del sistema de seguridad social más grande en 30 años se sigue implementando. Es la decisión más importante en la Corte Constitucional sobre el legado de cambio del gobierno Petro. La reforma, que fue aprobada por el Congreso en 2024 ya entró en vigencia. Hoy todos los trabajadores cotizan hasta 2,3 salarios mínimos en Colpensiones, el sistema público y el resto, si ganan más, en fondos privados. 

Sin embargo, la reforma fue demandada y la Corte Constitucional la devolvió al Congreso para remediar vicios de trámite. La Cámara de Representantes lo hizo en junio de 2025. Pero ahora la Corte debate si el arreglo quedó bien o si la devuelve, de nuevo, a ser subsanada, justo en medio de las elecciones. Esto le abriría un frente inesperado y complejo al gobierno Petro en el Congreso a partir de marzo, y pondría el riesgo la aprobación de la reforma. 

¿En qué está el proceso? En diciembre de 2025 hubo un empate 4-4 porque el magistrado Héctor Carvajal está impedido. Por eso tuvieron que nombrar a un conjuez, que es el abogado Pablo Márquez. Ese conjuez tiene la última palabra en una discusión que ha dividido a la Corte. 

En el grupo de cuatro magistrados que piensan que aún no debe ser aprobada está el actual presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez. La posición de Ibáñez,........

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