La migración venezolana se ha convertido en un tema central del debate público, no solo en el Perú, sino también en los países vecinos con población migrante. En el contexto electoral, este debate suele adquirir un cariz particularmente áspero: de manera casi invariable, se atribuye a los migrantes la responsabilidad del incremento de la delincuencia, alimentando titulares sensacionalistas y reportajes sobre bandas criminales organizadas con nombres ya familiarizados para la opinión pública, como “el Tren de Aragua”, “los Gallegos”, entre otros. Este enfoque ha sobredimensionado el fenómeno de la criminalidad y ha relegado sistemáticamente a un segundo plano las condiciones de vida, las trayectorias laborales y el aporte económico de la población migrante venezolana. Poco o nada se ha dicho sobre su inserción en el mercado de trabajo o sobre cómo sus condiciones materiales se comparan con las de los hogares peruanos.

En este contexto, resulta especialmente valiosa la reciente iniciativa del INEI, que entre agosto y noviembre de 2024 llevó a cabo la Encuesta Nacional de Hogares de la Población Migrante Venezolana (ENAHOPV). La encuesta cubrió las ocho principales ciudades del país —Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Lima y Callao, Ica y Arequipa—, donde se concentra aproximadamente el 95 % de esta población. Según los resultados difundidos esta semana por el INEI, el 28,1 % de la población venezolana se encuentra en situación de pobreza, una cifra que no difiere estadísticamente del 28,6 % observado entre los peruanos. El INEI ha hecho pública toda la información, lo que permite analizar con mayor profundidad las similitudes y diferencias entre ambas poblaciones y de aportar evidencia empírica sólida para el diseño de políticas públicas. En lo que sigue, nos limitaremos a........

© La República