Hay ideas que, en teoría, suenan impecables y, en la práctica, acaban convertidas en una maquinaria de generar pobreza. La de las externalidades en la economía es una de ellas. Los economistas clásicos la formularon para explicar algo bastante sencillo. A veces, quien produce o consume algo no asume todos los costes que genera. Si una fábrica contamina un río, está imponiendo un coste en el resto de la sociedad. Si al dueño de la fábrica se le permite contaminar impunemente, no está asumiendo los costes reales de su producción, puesto que no está “internalizando” el total de los mismos.

Un economista inglés, Alfred Marshall, fue el primero en apuntar esta idea. Pero fue su discípulo, Arthur Pigou, el que fue más allá y propuso una solución que, sobre el papel, parece razonable. Si una actividad genera un perjuicio que no está incorporado al precio, el Estado puede establecer un impuesto para que ese coste quede internalizado. Dicho de otro modo, se trata de obligar a que el precio refleje el daño causado. Pero esto tiene un propósito, no se trata simplemente de establecer un impuesto. Se trata de incentivar que el causante de la externalidad la corrija, encareciendo su producto para que busque alternativas menos contaminantes.

Hasta ahí, la teoría tiene incluso cierto encanto. El problema llega cuando los gobiernos, como siempre, cogen una idea matizada y la convierten en un dogma tosco. Porque un impuesto pigouviano solo tiene sentido si........

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