En el Estado social y democrático de Derecho la existencia de responsabilidad objetiva, directa y universal que obliga a las Administraciones pública a asumir las indemnizaciones a causa de las lesiones que se produzcan en los bienes o derechos de las personas con ocasión de la acción u omisión pública, es un tema delicado.

En efecto, el principio de que quien causa un daño a otro está obligado a repararlo en ocasiones no se compadece con ese super-blindaje que tienen los funcionarios frente a los ciudadanos como consecuencia del principio de responsabilidad objetiva, directa y universal de la Administración pública. En este sentido, un régimen general de anonimato en el que........

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