Es tan grande el capricho por subyugar al Poder Judicial, que ahora un ministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), renuncia a su cargo para regalarle al Presidente una ilegal designación.

La renuncia del ministro Arturo Zaldívar derrumba la independencia y la autonomía que debieran tener quienes son y serán ministros de la Suprema Corte. Y es que tanto el Poder Judicial, en su conjunto, como México, merecen ministras y ministros leales a la Constitución y no al servicio del Estado o del Ejecutivo federal.

Nunca en la historia de nuestro país habíamos sido testigos del insistente deseo de que el Poder Judicial esté a las órdenes de un gobernante, en este caso del Presidente, y mucho menos, que un ministro fuera tan persistente en congraciarse con el poder, en lugar de cumplir sus obligaciones constitucionales.

Como bien lo dicen Juan Jesús Garza Onofre y Javier Martín Reyes, este ministro es el claro ejemplo de la “claudicación del Derecho frente a la política”. Quien con su actuar merma la “legitimidad de una forma sin precedentes en la historia de la Suprema Corte (…), cuya ética se encuentra por los suelos”, y es por eso que desde el Senado no podemos permitir que sean ministras o ministros “pseudojuristas que actúan como cadenas de transmisión del poder en turno”.

Tampoco podemos avalar la renuncia de quien, en lugar de ser leal a la Constitución, lo ha sido a un proyecto político y de Gobierno, y mucho menos, podemos aprobar ternas de simpatizantes del partido en el poder, pues haberlo hecho en el pasado, nos ha llevado a tener en la Corte ministras que ponen la imparcialidad entre dicho en cada votación.

Lo anterior contrasta con la dignidad y el apego a nuestra Carta Magna por parte de la ministra presidenta Norma Piña y de la ministra Ríos Farjat, así como de los ministros González, Aguilar, Gutiérrez, Laynez, Pardo y Pérez Dayán, que en todo momento han demostrado que sí es posible defender la Constitución en tiempos complejos.

Es lamentable que aquel ministro que alguna vez confrontó a un expresidente, hoy esté a las órdenes del partido en el poder y del Presidente en turno. Pues a tan sólo 13 meses de concluir su gestión, decidió renunciar a su cargo para sumarse a la campaña de quien es la precandidata presidencial del régimen.

Ese ministro que asumió la presidencia de la Suprema Corte, y que después buscó, mediante una reforma, extender su mandato por dos años más para que el Presidente se apoderara de la Corte sin importar poner en riesgo la división de Poderes y la autonomía de la justicia en el país.

Afortunadamente, la Constitución en su artículo 98 señala que un ministro o ministra puede renunciar a su cargo por “causas graves”, y hasta ahora la suma de voluntades a una campaña política no es una causa grave que amerite que el Senado acepte su dimisión. Por lo que el capricho de subyugar al Poder Judicial es cada vez más latente.