Siendo su esencia la coacción, el poder se legitima ocultándola. Los Estados democráticos pueden crecer como nunca con la excusa de reflejar la voluntad popular, pero el problema de esta dinámica es que también vale para ella la advertencia de Tayllerand a Napoleón: las bayonetas sirven para muchas cosas, pero no para sentarse encima de ellas.

Llega un punto en la expansión democrática del poder en el que un número significativamente elevado de sus súbditos empiezan a cuestionarse si realmente lo que sucede les conviene, y si realmente el Estado redistributivo es como pretende ser, a saber, una «justicia social» que le quita a los ricos para darle a los pobres. Sospecho que las democracias actuales merodean cerca de esa peligrosa encrucijada, y se ve en el desasosiego de los políticos que detectan que el cuento puede estar a punto de acabarse.

De ahí el frenesí que atiborra la retórica política con expresiones afables que solapan a las Administraciones Públicas con la sociedad civil. Me ocuparé solo de dos.

Una es la «colaboración público-privada». Estamos acostumbrados a que algunos servicios públicos o infraestructuras sean construidos, financiados o gestionados mediante acuerdos entre gobiernos y empresas privadas.

La razón de esto no es casi nunca explícita, y es la siguiente. Tras la experiencia comunista, sabemos que si el Estado lo hace todo, el resultado es deslegitimador para el poder despótico, y letal si el pueblo tiene voz y voto, porque estriba en ineficiencia, despilfarro y corrupción. De ahí que se reclame la «colaboración» de empresas privadas que, obviamente, acuerdan porque cobran; son más eficientes, aunque los incentivos a la corrupción, que fomenta siempre el poder, se mantienen. El contribuyente paga siempre, pero menos de lo que pagaría si todo fuera «público» como exigen los ultras que no juegan en la liga de los grandes partidos.

La otra notable expresión es «diálogo», que otra vez integra la campaña de desinformación que busca disfrazar la coerción como si fuera un trato voluntario más de la sociedad civil –analizo la fofa consigna de «lo que das vuelve» aquí: http://bit.ly/4nTOQLG.

Hemos visto muchas veces a políticos entablar «diálogos» en los que quien paga –que siempre es usted, señora– es olímpicamente ignorada. Y he llegado a leer que el problema de la fiscalidad no es la presión fiscal, sino que entre Hacienda y los contribuyentes falta (venga, vamos: ¿no lo adivina usted?) diálogo.

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