El domingo 30 de agosto, un coche-bomba estalló frente a la comandancia de Policía de Ojocaliente, Zacatecas. El saldo: 10 heridos, dos de ellos policías municipales, 17 viviendas destruidas y varios vehículos dañados. No fue un enfrentamiento, no fue una balacera que se salió de control. Fue un vehículo cargado con explosivos, colocado frente a una instalación policial, a una hora en que había gente en la calle. Eso tiene un nombre y son actos terroristas.

En México, el artículo 139 del Código Penal Federal sanciona con prisión de 15 a 40 años a quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas o biológicas, material radiactivo, incendios o explosivos contra bienes o servicios públicos para atemorizar a la población o para presionar a la autoridad a tomar una determinación.

Lo grave es que la autoridad no quiere asumir que son actos de terrorismo para juzgarlos como tales.

Léalo otra vez y compárelo con lo que pasó en Ojocaliente. No hace falta reformar una sola línea. La figura ya existe, está vigente y describe con precisión lo que ocurrió el domingo.

Pero, por alguna extraña razón, aquí en México este tipo de actos no se quieren catalogar como terroristas.

El único argumento que se usa para no calificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas es que no buscan el poder político. Ese argumento se cae solo cuando uno revisa la lista de presidentes municipales asesinados en los últimos años, la de policías municipales cooptados y la de exfuncionarios que hoy son testigos protegidos en Estados Unidos.

Y lo cierto es que sí, los cárteles de la droga buscan y obtienen en México puestos políticos, desde presidentes municipales hasta posiciones en los congresos locales y federales, e incluso en algunas gubernaturas. Ahí están los señalamientos que ha hecho Estados Unidos sobre muchos........

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