La decisión del Gobierno del presidente Petro de revertir 30 años de esfuerzos y aprendizajes en materia de la gestión del sector salud en el país, en el que se combina la participación estatal y la de operadores privados, está entrando en momento decisivo. Tanto es así que uno de los trinos más importantes de esta semana fue del exministro Gaviria y un grupo importante de exministros de salud que alertaron sobre: “Los riesgos de la reforma a la salud…” Y los enumeraron: Incumple mínimos constitucionales; dificulta el acceso a los servicios y no atiende la calidad; elimina la libre elección; desaparece el aseguramiento; sin UPC, mayor ineficiencia y menor protección financiera; se arriesga la gestión financiera; presenta mayor riesgo de corrupción; los trabajadores de la salud quedan en riesgo; y carece de aval fiscal para su sostenibilidad. ¡Mejor dicho, todas las alarmas están prendidas a la vez!
Por ello, el Gobierno no se ha quedado quieto. Tiene por lo menos tres grandes formas de lucha donde podemos distinguir: la legislativa, la corporativa y la de gestión. Veamos cada una de ellas.
De una parte, el proyecto de reforma a la salud pasó a estudio del Senado, luego de que en la Cámara de Representantes, debidamente aceitada, diera la aprobación en segundo debate en la plenaria de esa corporación. Por ello, los exministros de salud le piden al Congreso y en concreto al Senado: grandeza, responsabilidad, dignidad y profundidad en el debate. Es fundamental un examen cuidadoso y serio del articulado.
De otra parte, el Gobierno tiene la estrategia paralela de toma y control de la Nueva EPS, que gracias a la dúctil y maleable posición de las cajas de compensación que hacen parte de su Junta Directiva, ya lograron cambiar a la cabeza de esa EPS, cambiazo de una persona técnica con amplísima experiencia e importantes resultados en gestión, por una persona conocedora con una gran dosis ideológica afín al Gobierno. Para poderla nombrar hicieron cambios en los requisitos para el cargo… Y estamos hablando que, por el tamaño de la Nueva EPS, ya un millón de cotizantes quedaron comprometidos. Algunos analistas dicen que esta estrategia se puede convertir en “second best” del Gobierno si no saca adelante el cambio legislativo. Y sería la forma de hacer la reforma por la puerta de atrás.
La tercera forma de lucha gubernamental, impresentable y muy discutible la podríamos llamar la táctica de ahogamiento de las EPS por el Ministerio de Salud que tiene múltiples expresiones, una sencilla: congelar o demorar los giros para quitarle liquidez al sistema. Otros dirán operación reglamento. Otra expresión de esta estrategia fue aumentar por debajo de las necesidades el valor que paga el Estado por el plan obligatorio por cada asegurado a las EPS, lo que se llama la UPC, unidad de pago por capitación. En efecto subió el 12,01%, mientras que estudios técnicos sugerían que por lo menos fuera del 15%. Y una de las más recientes jugadas del Ministro de Salud, hacer demandas de acción popular, instrumento judicial que permite proteger intereses o derechos colectivos, dirigidas contra las EPS. Estoy seguro que estas demandas terminarán volviéndose contra el Ministerio y la Superintendencia de Salud, esperemos a ver qué dicen los jueces. En fin, se trata de apretar por todas partes a las EPS. Lo que se podría considerar como un abuso del derecho por parte del Gobierno.
La academia, los gremios, la ciudadanía debe mantener una vigilancia muy cuidadosa sobre este caso, pues es la salud de todos los colombianos y colombianas la que está en juego. Cambios para mejorar sí, no para empeorar.
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