El Gobierno Nacional y, muy particularmente, la ministra de Trabajo tienen la obligación moral de focalizar la política pública allí donde está el principal cáncer de nuestro mercado laboral: la informalidad. Los indicadores que entregó el DANE recientemente dejan de bulto el problema. En las 23 principales ciudades capitales del país la proporción de la población ocupada de manera informal es del 55,5%, es decir de cada 100 personas en el mercado laboral casi 56 están en la informalidad, o en la economía popular como la llama el señor presidente. Llamémosla como la queramos llamar, es una alerta roja de la calidad de trabajo que estamos ofreciendo a la mayoría de las personas que se ven absorbidas por el mercado.
¿Ser informal qué significa? No tener los ingresos que corresponden al tiempo laborado, implica normalmente una muy baja productividad de la mano de obra, una mala calidad del trabajo que realizan; entraña además, lo que es muy grave, que no tienen normalmente ninguna prestación social… En fin, un estado de cosas que no es el más conveniente para asegurar el bienestar y futuro de la persona. La Corte Constitucional diría: Un estado inconstitucional de cosas. Por ello, el foco de la política pública debe estar aquí, en los que están más fregados en nuestra sociedad. Los más pobres. Y obviamente la política debe considerar también los que están totalmente excluidos y están en total desempleo. Así pues las cosas, en la perspectiva de tomar una senda de mejoramiento de las condiciones laborales en el país, la formalización y la generación de empleo de calidad debe ser el gran foco.
La gran preocupación y, por ende, el tema central para la reforma laboral. Y no como lo han pensado en el proyecto de reforma laboral, que estudia actualmente el Congreso, que mira casi exclusivamente al mejoramiento de condiciones de los que están formalmente vinculados. Este sesgo, muy propio de los sindicalistas y muy particularmente de los miembros de los sindicatos oficiales, que tienen su meta en las reivindicaciones para los ya contratados o vinculados. Ya los que están en la formalidad han sido objeto de cuidado con el aumento real del salario mínimo en Colombia en los últimos años.
El grito ensordecedor de tener más de 50% de la población económicamente ocupada en estado de informalidad debe tocar la conciencia de los legisladores y del Gobierno. No debemos equivocarnos en la que es realmente la prioridad: la lucha contra la informalidad y el desempleo.
De otra parte, analizando los resultados del DANE según su distribución regional, implica que se debe tener una política pública que responda con mayor urgencia a las ciudades donde está por encima de 60%. Por ejemplo, Sincelejo tiene más del 68%, Valledupar el 64%, Santa Marta el 62%, Riohacha y Montería con el 61%. Debe haber una estrategia regional. Así, la Costa Norte requiere de una atención especial para asegurar que en el país no se sigan profundizando las brechas entre el centro y la periferia. Para que todos en Colombia podamos sentir que hay oportunidades en todas las regiones.
El bienestar de muchos de los colombianos y colombianas se definirá en la reforma laboral. Debemos tener un objetivo claro que implica optar por el mayor impacto en el bien común. Y esto es claro: reducir la informalidad en el país.