De izquierda a derecha en la imagen, José María González Gancedo, jefe de servicio de Régimen Legal de la Vivienda; Ovidio Zapico, consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos; y Daniel Sánchez, director general de Vivienda. / Principado de Asturias

Vicente Montes

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado en una reunión extraordinaria el Proyecto de Ley de Vivienda, la primera norma integral en esta materia que se tramitará en la comunidad y que ya ha sido remitida a la Junta General para su debate parlamentario. El texto pretende diseñar un modelo propio y estable de política pública de vivienda, según ha explicado el consejero Ovidio Zapico, vertebrado por el nuevo Sistema Asturiano de Vivienda Protegida, que ordena la promoción, adjudicación, uso, inspección y control del parque protegido y consagra la protección permanente de las viviendas calificadas tras la entrada en vigor de la ley. Además, establece que todas las viviendas propiedad del Principado se dedicarán exclusivamente al alquiler, con prohibición expresa de su venta o enajenación.

Uno de los pilares de la iniciativa es blindar el patrimonio residencial que recibe apoyo público. La norma elimina la descalificación de las viviendas protegidas de nueva calificación, de modo que no podrán volver al mercado libre y solo podrán transmitirse cumpliendo los requisitos de acceso a vivienda protegida (destino a residencia habitual y límites de ingresos).

En el caso del parque público autonómico, hoy integrado por 9.600 viviendas, el proyecto prohíbe su venta y lo reserva de manera indefinida al arrendamiento, con el objetivo de consolidar una bolsa residencial que actúe ante las tensiones del mercado.

Además, el Principado quiere poner fin a la idea de que una vivienda pública solamente se destina a colectivos en situación de exclusión o con graves problemas económicos. El Principado quiere que también asturianos con ingresos medios pero que no pueden acceder a una vivienda en ciertos lugares, puedan optar a un alquiler público.

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