En las democracias modernas, la presunción de inocencia es un pilar innegociable del debido proceso. Sin embargo, cuando este principio jurídico se utiliza como un escudo absoluto para mantener a altos dignatarios en sus cargos tras ser imputados por la justicia, surge una gran controversia: ¿en qué punto el derecho individual a la defensa comienza a socavar la imagen y el buen nombre de las instituciones públicas?

Hoy se observa con preocupación cómo el entorno cercano al Ejecutivo se ha convertido en una pasarela de requerimientos judiciales. Figuras de la máxima confianza presidencial, como Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, enfrentan procesos que no son menores. Recientemente, un juez avaló su imputación por el presunto delito de tráfico de influencias. La Fiscalía sostiene que Roa habría aprovechado su posición para favorecer a terceros en contratos de una filial de la estatal petrolera, mientras gestionaba la compra de un inmueble a precio subvalorado.

Ante este escenario, surge la pregunta: ¿es coherente que quien lidera la empresa más importante del país permanezca en su despacho mientras se defiende de cargos por, supuestamente, usar esa misma investidura para fines privados?

El respaldo político del primer mandatario a sus subalternos parece no tener límites, incluso ante evidencias que desbordan lo jurídico para entrar en el terreno de la decencia pública. Es el caso de Juliana Guerrero, quien a pesar de ser citada a imputación por fraude procesal y falsedad -tras la presunta compra de títulos académicos-, se mantiene como delegada del Gobierno en el Consejo Superior de una universidad pública. Aquí, la contradicción es flagrante: ¿qué mensaje de ética educativa puede enviar alguien bajo sospecha de falsificar su propia formación?

La administración de la “cosa pública” exige un estándar superior al de cualquier ciudadano. El derecho a la defensa es sagrado, pero el derecho de los ciudadanos a confiar en que sus instituciones sean manejadas con manos limpias está en un nivel superior que debe ser protegido en todo momento, más cuando la dignidad del cargo está en entredicho.

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