Presenté en la entrega del 29/12/23 los 5 objetivos rectores del borrador (rechazado por AMLO) de Plataforma Electoral 2015 (BPE15) de Morena. Hoy sintetizo el desarrollo sociocultural y económico planteado como el principal medio para alcanzar el objetivo rector 1; la vida buena y plena para todo(a)s: El BPE señala que la vida buena y plena que también se puede llamar riqueza humana o desarrollo humano, consiste en el desarrollo y satisfacción de las necesidades (N) y el desarrollo y aplicación de las capacidades (C). Más allá del bienestar humano se busca el desarrollo y el florecimiento humanos. El objetivo no es que las personas tengan mucho sino que sean mucho. Los obstáculos más graves que hay que superar son pobreza, desigualdad y enajenación. Para ello, instrumentos centrales son regulación democrática de la economía y desmercantilización de los satisfactores básicos; requisito indispensable es la articulación sinérgica entre políticas socioculturales y económicas. Esto supone superar la separación tajante actual entre política social-cultural y la económica, para lo cual “debemos rechazar la idea que las fuerzas del mercado autorreguladas conducen al óptimo social”. Lo deseable es avanzar hacia la regulación democrática de la economía y la desmercantilización de los bienes y servicios centrales para la vida buena y plena. Desmercantilizar es quitarle el carácter de mercancía a un bien o servicio, a la fuerza de trabajo, a la tierra, a la naturaleza. Es transformar la mercancía (unidad de valor de uso y valor) en valor de uso no mercantil. Es necesario también desenajenar la vida cotidiana, el trabajo y la política. El BPE15 identifica las dos tareas centrales: transformar el Estado Mexicano en un Estado de Bienestar (EB) auténtico, desmercantilizador y desenajenante (EBDD) y un nuevo modelo económico para lograr un crecimiento económico que sea ecológicamente sustentable y disminuya sustancialmente la desigualdad. El BPE añade: “Necesitamos transformar el Estado Mexicano en un EBDD en sentido amplio que incluye tanto la política económica como la social y la cultural y cuyos objetivos van más allá de la eliminación de la pobreza económica y procuran también la de la pobreza humana. En el centro de toda concepción de izquierda del EB está la extensión de los derechos sociales, lo que disminuye el estatus de mercancía de las personas; pero sólo cuando está incluido el derecho a un ingreso ciudadano universal (ICU), permite que el nivel de vida se independice de las fuerzas del mercado y que el sostenimiento de la vida no dependa de la venta de la fuerza de trabajo. Para ser completa, debe incluir también la desmercantilización de la tierra, el agua y la naturaleza. En un EB auténtico la mayor parte de sus actividades diarias están dirigidas a atender el bien-estar de las personas. El EB auténtico no es un EB residual sino institucional. En los EB residuales el Estado sólo asume la responsabilidad cuando familia y mercado fallan (principio de subsidiariedad) y restringe sus compromisos a grupos sociales marginales y ‘merecedores’ (niños, mujeres, ancianos), en cambio el ENB institucional atiende a todos, es universalista y prevalece un compromiso institucionalizado con el bienestar ( Principio de Responsabilidad Social del Estado). Un EB residual no es un auténtico EB, como tampoco lo es aquel que restringe el compromiso estatal a grupos sociales marginales y merecedores (niños, mujeres, ancianos, jóvenes), como ha sido el del gobierno de AMLO. Cuando los beneficios son universales pero magros (como en la pensión para adultos mayores), sí estamos ante un EB que, sin embargo, logra avanzar muy poco en la desmercantilización, puesto que el sostenimiento de la vida sigue dependiendo del mercado. Tanto el universalismo de niveles uniformes y de beneficios generales bajos, como el EB centrado en la asistencia social focalizada a la pobreza extrema (como el que prevaleció en el país entre 1997 y 2018), generan un dualismo social en el cual los estratos altos se atienden vía el mercado y los beneficios públicos (de baja calidad) quedan para los de a pie”.
En México no hay un EB, es necesario construirlo, para lo cual el BPE15 propuso las siguientes acciones a corto y mediano plazo (en las primeras 4 AMLO no avanzó): a) La administración pública en su conjunto conformaría el EB y no sólo los sectores sociales. b) Reformar la Constitución para que el Banco de México se ocupe del crecimiento económico, no sólo de la inflación. c) Superar la subordinación de las políticas públicas a la disponibilidad de ingresos presupuestarios; para ello el proceso de interacción entre los ingresos y gastos fiscales debe modificarse: la Ley de Ingresos no debe aprobarse al margen de las necesidades de gasto público. d) El EB requiere un Estado fiscalmente fuerte: no basta con la austeridad como se comprobó durante el gobierno de AMLO. Aunque en dicho gobierno se avanzó en cobrar mejor los impuestos vigentes, combatiendo la elusión y la evasión, es necesario reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta para hacerlo realmente progresivo en los ingresos altos y eliminar todas las formas de exención. El IVA puede y debe convertirse en un impuesto redistributivo con tasas más altas a las actuales en los bienes y servicios de lujo y muy bajas, cero y negativas en los bienes básicos. En lo fiscal, la política de AMLO fue regresiva sobre todo con los subsidios gigantescos a los combustibles fósiles. e) En lo laboral y salarial, el gobierno de AMLO avanzó en la recuperación de los salarios mínimos, en la democratización sindical y en el freno al outsourcing; no lo hizo en el establecimiento de reglas legales para que los trabajadores participen en las ganancias de productividad de las empresas. Ante la automatización creciente, es necesario reducir la jornada semanal de trabajo (sin disminuir percepciones), punto planteado por Morena pero atorado en el poder legislativo. f) Reducción de la desigualdad y superación de la pobreza económica. Aunque la pobreza y la desigualdad de ingresos disminuyeron levemente durante el periodo 2018-2022, no se trata de un logro de una política sistemática pues no hubo una política integral en la materia. No se avanzó en el establecimiento, planteado en el BPE2015, del principio igualitario que todos deben tener la oportunidad efectiva para el florecimiento humano, ni se avanzó en el derecho de la población a no vivir en la pobreza, o derecho a un nivel de vida digno. La auténtica lucha contra la pobreza económica requiere una disminución sustancial de la desigualdad, que no ha ocurrido. Como se aprecia, es mucho lo que tiene que lograr Claudia Sheinbaum como presidenta de México entre 2024 y 2030.
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