El Estado español está en "Emergencia Nacional por incendios". En el momento de escribir estas líneas, voraces lenguas de fuego, que parece empiezan a estar contenidas, asolan parte de las provincias de Castellón, Toledo, Ávila y de la Comunidad de Madrid, devorando miles de hectáreas de masa forestal y obligando a la evacuación o el confinamiento de 115.000 personas.

En los casos de Toledo, Ávila y Madrid un mando unificado, en manos de la Unidad Militar de Emergencia (UME), se está haciendo cargo de coordinar todos los dispositivos a partir de tres prioridades: salvaguardar las vidas, defender los núcleos poblacionales y atacar los propios incendios. En el resto, dirigen la extinción las autoridades autonómicas en coordinación con el Estado.

Ante la virulencia de los focos, así como la gran cantidad de combustible que los alimenta y los reiterados desalojos de núcleos poblacionales parecen claras algunas conclusiones.

La primera, que, tal y como señala manera reiterada la comunidad científica, vivimos una emergencia climática que exige profundos cambios en el uso del territorio y la organización de la vida en él. Ambos aspectos están directamente relacionados con la manera en que nuestra sociedad establece la relación entre el medio (la naturaleza) y los seres humanos. Una relación dominada por la disociación entre la ciudad y el campo, entre el suelo y la masa de la población, así como por la forma que la propiedad privada de los medios de producción (capitalismo) impone: la explotación del ser humano y de la propia naturaleza en pos de la acumulación de capital (beneficio), motor y director último de todo el proceso.

La segunda, el crecimiento "sin control" de la masa forestal es uno de los efectos del modo de producción y del calentamiento global que provoca. El abandono poblacional masivo del campo obedece, en general, a la falta de la rentabilidad requerida para los negocios. Como bien señalan muchas entidades campesinas, no podemos confundir el agro negocio o las actividades cinegéticas, que refuerzan la disociación antes señalada, con "proteger el campo".

La tercera, que los poderes públicos, dominados por la lógica del apoyo al "crecimiento económico" que no del desarrollo humano, no invierten y, cuando lo hacen, no es de la manera debida. Se gasta poco y cuando se ejecuta, se emplea mucho más en medios para la extinción que en medios para la prevención o en medidas que ayuden a adaptar ciudades y espacios habitados a los efectos de la emergencia climática.

La población lo pierde todo en........

© La Haine