La colonización israelí en Cisjordania ya no es un fenómeno marginal, sino que se ha convertido en una política de Estado declarada, dirigida desde lo más alto del poder y ejecutada a través de un sistema integral que combina decisiones gubernamentales, incitación pública abierta, armamento de los colonos y la imposición de hechos consumados por la fuerza sobre el terreno. Lo que ocurre hoy es un proyecto de anexión de facto que se reproduce diariamente en las zonas “C” y en Jerusalén ocupada, en desafío directo al derecho internacional y a costa de la seguridad humana del pueblo palestino y del futuro de cualquier solución política basada en el fin de la ocupación.

En este contexto, la colonización ya no es una mera expansión geográfica, sino una herramienta política y de seguridad utilizada para desmantelar la sociedad palestina, asfixiar ciudades y pueblos y destruir la continuidad territorial, en medio de una escalada sin precedentes de incitación oficial que convierte a la población civil palestina en objetivos y elimina, en la práctica, lo que queda del horizonte de la solución de dos Estados, mientras el silencio internacional continúa proporcionando una cobertura indirecta a estas políticas.

Decisiones del Gabinete: legalizar el saqueo de la tierra

Según reveló el canal hebreo i24, el gabinete israelí aprobó en su última reunión la creación de 19 nuevos asentamientos en Cisjordania, en un paso que refleja un impulso sin precedentes para imponer hechos permanentes sobre el terreno.

Entre estos asentamientos destaca “Shdam”, cerca de Belén, tierras que estuvieron a punto de ser entregadas a los palestinos en 2016, antes de ser reincorporadas hoy al proyecto colonial, en un ejemplo flagrante de cómo se revierte cualquier compromiso político previo.

Los datos recientes revelan además que el proyecto colonial israelí ha entrado en una fase más agresiva y organizada, con el anuncio de la intención del gobierno israelí de establecer 17 nuevos asentamientos en Cisjordania, paralelamente a la asignación de unos 3.000 millones de shekels para apoyar y expandir la colonización. Este enorme financiamiento no se enmarca en la “desarrollo” como afirma Israel, sino que se destina a consolidar realidades coloniales permanentes mediante la apertura de carreteras, la construcción de infraestructuras y la expansión de puestos coloniales para convertirlos en asentamientos oficiales, en clara violación del derecho internacional. Esta decisión refleja una política estatal sistemática destinada a acelerar el control de la tierra, asfixiar a las comunidades palestinas y socavar cualquier posibilidad de establecer un Estado........

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