Las clases dominantes utilizan el derecho y la justicia para imponer su dominación y neutralizar las luchas y reivindicaciones de los explotados y oprimidos. La justicia sólo existe para los ricos y poderosos. En el mundo de hoy, la justicia no deja de ser una quimera.
1.- Las administraciones públicas al servicio del capital.
Las administraciones regionales y locales son las más cercanas a las poblaciones y, por tanto, debieran conocer ampliamente las circunstancias y condiciones en las que viven aquellas. Sin embargo, se mueven dentro de los límites establecidos por una cultura, unos presupuestos, unas normas y leyes burguesas que eliminan su autonomía política y, les anulan e impiden hacer frente a la mayor parte de los problemas que sufren en su vida diaria las clases sociales más desdichadas.
Las políticas locales y regionales, procedan del PSOE o del PP, son inútiles a la hora de resolver multitud de problemas estructurales que sufren y agobian a las clases sociales trabajadoras en el marco de las formaciones sociales regidas por el modo de producción capitalista. En el caso de los ayuntamientos, se ve claramente como la propiedad privada de los medios de producción condiciona la gestión municipal. La mayoría de los servicios públicos, agua, basura, limpieza de calles están en manos de empresas privadas.
Las privatizaciones han permitido que clases ricas utilicen a las administraciones públicas para realizar negocios con los que mantener e incrementar sus ganancias, verdadero motor del capitalismo. La principal función de los dirigentes políticos de las Corporaciones Locales es la de crear las condiciones generales, sobre todo, interviniendo en aspectos urbanísticas que faciliten la reproducción y acumulación del capital. El ejemplo más claro es la cesión a las empresas de los terrenos industriales de los municipios con la coartada de la creación de empleo.
El tiempo suele poner de relieve que estos empresarios y las empresas incrementan sus capitales y el volumen de sus riquezas gracias a que pagan salarios bajos e imponen unas condiciones laborales bastante duras a los trabajadores y trabajadoras que contratan. La clase obrera no tiene más remedio que aceptar esta sobreexplotación laboral ante la falta de otros tipos de trabajo mejor remunerados y en general, de las pocas perspectivas para el empleo en nuestros pueblos.
Las administraciones públicas compran con presupuesto público los terrenos para uso industrial, los urbanizan y los venden a precios de saldo a las empresas. Luego, subvencionan a los empresarios para que edifiquen las instalaciones y contraten la fuerza de trabajo. La realidad es que todo el proceso de formación del capital fijo y variable depende en buena medida del dinero público. La justificación ideológica de estas decisiones de subvenciones y ayudas tan favorables a los empresarios es la creación de empleos.
Pero no nos engañemos, los empresarios no crean empleo, necesitan el empleo de la fuerza de trabajo para obtener beneficios y reproducir y ampliar su capital. No obstante, si analizamos las cosas desde otro punto de vista, en otra sociedad diferente a la capitalista con una socialización y un control de los medios de producción por la clase obrera, los beneficios tendrían un destino colectivo, no irían a parar al enriquecimiento de empresarios particulares, sino que se emplearían para el crecimiento de las fuerzas productivas y un mayor bienestar del conjunto de la sociedad.
En este punto, es necesario la potenciación y conjunción de fuerzas sociales interesadas en incrementar la fuerza de los movimientos revolucionarios para transformar los Ayuntamientos, y las administraciones públicas, de tal modo que las empresas que se crean y se dotan con fondos públicos pasen a ser propiedad y controladas por el pueblo.
La competencia y la falta de planificación capitalista conduce a la superproducción y a los stops de mercancías que no se venden, disminuyendo las ganancias del capital, los despidos de trabajadores, la aparición de las crisis y la polarización desenfrenada de la sociedad con enormes diferencias sociales y territoriales.
2.- El Estado culpa de la pobreza a los más pobres y excluidos socialmente.
En la actualidad, el Estado disminuye el gasto social para proporcionar los recursos públicos a sus poblaciones. Las clases explotadoras los necesitan para recuperar la reproducción y acumulación de capital. Los poderes políticos aumentan las subvenciones y ayudas públicas a las grandes corporaciones empresariales para que recobren nuevamente la mayor rentabilidad posible. En estas tareas, bajo el paraguas del imperialismo, los gobiernos impulsan fundamentalmente los negocios militares y armamentísticos, sembrando las matanzas humanas por todas las partes del mundo.
En materia de servicios públicos, la cantidad y la baja calidad de recursos materiales y humano son características que en nuestras localidades sancionan a las clases explotadas y oprimidas. Además, el Estado impone una estrategia política en la que predominan los recortes, a la vez que incrementa la burocracia administrativa para reducir el número de personas que pueden conseguir esos recursos. De este modo, quien no reúne y presenta los requisitos administrativos exigidos queda eliminado de las posibilidades de concurrir a las asistencias locales o regionales relacionadas con el empleo, la vivienda, las contingencias, mínimos vitales, el IMV, las rentas mínimas, etc.
Todo esto viene a ser una herramienta material y un instrumento ideológico que garantiza la legitimidad del Poder Político para culpar a los pobres de que no cumplen los requisitos que se exigen. Sin embargo, el problema real es la escasez de recursos materiales que el Estado dispone para las clases sociales subalternas. El caso más palpable que tenemos a la vista es con las viviendas. Es decir, no hay viviendas suficientes para quienes las solicitan, por lo tanto, hay que realizar valoraciones de las muchas solicitudes presentadas. De este modo, se decreta la competición entre pobres. En esta dinámica son los grupos sociales más deteriorados económicamente y próximos a la exclusión social los que encuentran serias dificultades para superar las barreras legales que se imponen en la competición para satisfacer una necesidad vital como es la vivienda.
En muchos casos, las formalidades exigidas ponen de manifiesto que el Estado y sus gobiernos están contra los sectores sociales más pobres y por mucha demagogia que empleen los políticos en sus discursos y mensajes públicos nunca van a responder a las necesidades de los más pobres y excluidos socialmente.
Indicamos a continuación algunos casos de la casuística por la que muchas familias o personas son excluidas en los concursos de las escasas viviendas que se ofrecen.
1.- La presentación de una tasación de la vivienda que se está utilizando provisionalmente, para demostrar que su valor no supera los límites determinados por la Ley. La tasación suele valer entre 400 o 500 euros, cantidad que muchas personas no pueden pagar quedando apartadas del proceso.
2.- Las personas o familias que han tenido que recurrir a la ocupación de viviendas por carecer de medios económicos para alquilar; recurso habitacional en manos de bancos o grandes tenedores que las tienen cerradas para especular con ellas.
3.- No disponer de contratos de alquiler de acuerdo a la LAU, lo que suele suceder cuando se alquilan viviendas compartidas, infraviviendas o habitaciones mucho más baratas y con alquileres más acoplados a los escasos ingresos familiares por estar en paro o en una precariedad excesiva;
4.- La exclusión de la concurrencia a las personas o miembros de familias que tienen antecedentes penales.
En resumen, son normativas que el sistema vende como medidas para luchar contra los fraudes, vendiendo a la opinión pública que de este modo se consigue una mayor justicia en la redistribución de bienes sociales, pero el objetivo no es otro que excluir hipócritamente a un elevado número de personas pobres simulando decisiones justas y democráticas.
Imagen de portada: Poliniza 2016 – Universidad Politécnica de Valencia – Arte… | Flickr | Detalles de la licencia – Autor: Antonio Marín Segovia
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