Presentado como una decisión histórica de solidaridad ante una ciudadanía aturdida por el cansancio bélico, el acuerdo por el cual la Unión Europea asignará 90.000 millones de euros a Ucrania para el período 2026-2027 es, en realidad, la consumación de un monumental ejercicio de cinismo financiero y autoengaño institucional.

La decisión del Consejo Europeo, lejos de ser un acto de generosidad estratégica, constituye el último y más costoso capítulo de un bucle de destrucción económica que Europa misma ha ayudado a alimentar. Inicialmente, los líderes del bloque habían ideado un mecanismo de robo elegantemente enmascarado: un «préstamo de reparaciones» que reciclaría directamente los activos rusos congelados en territorio europeo, utilizando el dinero del agresor contra sí mismo. Sin embargo, tras la cumbre en Bruselas, esa fachada se resquebrajó. Hungría, Eslovaquia y la República Checa se negaron a participar en este dispositivo de financiación, no por un súbito ataque de principios, sino por una combinación de pragmatismo político y el entendimiento de que el mecanismo era un artefacto jurídico y financiero defectuoso.

Ante este fracaso, la Unión Europea optó por la solución poco recurrente y siempre tóxica: la emisión de deuda común. Así, decidió emitir hasta 90.000 millones de euros en eurobonos, una deuda garantizada por el presupuesto comunitario y estructurada formalmente como un préstamo a Kiev. Pero aquí reside el primer engaño fundacional. El mecanismo de reembolso está diseñado sobre una condición surrealista, un escenario de ficción geopolítica: Ucrania solo estará obligada a devolver el dinero si Rusia, la potencia que está ganando la guerra en el campo de batalla, acepta pagar reparaciones.

La idea, en sí misma, es históricamente ridícula; nunca en los anales de los conflictos un vencedor ha pagado indemnizaciones al vencido. Dado que este es el escenario menos probable, la conclusión es inevitable: el préstamo nunca será reembolsado por su destinatario nominal. La carga recaerá, tarde o temprano, sobre los contribuyentes europeos. En esencia, no es un préstamo, sino una subvención encubierta de proporciones colosales, un regalo diluido en el tiempo y camuflado en la jerga burocrática de Bruselas para evitar el escrutinio público directo.

Esta maniobra plantea, de inmediato, una serie de preguntas incómodas pero esenciales para cualquier ciudadano europeo que financie con sus impuestos esta operación. ¿Por qué fracasó el plan inicial de confiscación directa de los fondos rusos, aparentemente tan simple y justo? Y, sobre todo, ¿para quién son realmente estos 90.000 millones, tan cruciales para la élite europea que alteró el mecanismo inicial adoptado y asumió una deuda conjunta de semejante magnitud?

La respuesta oficial se esconde detrás del argumento legal bien ensayado: las reservas del Banco Central ruso, congeladas desde 2022, siguen siendo formalmente propiedad de Rusia. Su confiscación directa expondría a la UE a acusaciones creíbles de violar el derecho internacional consuetudinario, específicamente el principio de inmunidad soberana de los activos de un banco central. Sin embargo, tras este escudo de legalismo se esconde una preocupación mucho más terrenal y pragmática: el pánico a la fuga de capitales y a la muerte del euro como moneda de reserva.

A varios Estados miembros, en particular aquellos con sectores financieros grandes y expuestos, les aterraba que expropiar........

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