La comisión de Educación en las Corts / José Cuéllar/Corts Valencianes

Seamos serios. La educación está transferida y es competencia de la Generalitat Valenciana. Por tanto, cuando el PP valenciano dice una y otra vez que no puede mejorar la educación pública porque el Gobierno de España no pone el dinero suficiente, lo que está haciendo es intentar trasladar fuera una responsabilidad que es suya. Lo que tienen que hacer no es buscar coartadas. Lo que tienen que hacer es decidir en qué invierten el presupuesto que aprueban Les Corts Valencianes y qué lugar ocupa la educación entre sus verdaderas prioridades.

Y lo que estamos viendo desde 2023 no apunta precisamente a que la educación pública esté en el centro de esas prioridades. Lo hemos visto en los recortes, en el frenazo de dinámicas de mejora que venían funcionando, en el debilitamiento de programas de apoyo y en una forma de gestionar más pendiente de justificar lo que no se hace que de explicar un proyecto claro para mejorar el sistema educativo valenciano.

Ese es el verdadero debate. No si Madrid ayuda más o menos. El verdadero debate es por qué, con más recursos disponibles, el Consell del PP no ha situado la educación como una apuesta política fuerte. Por qué, cuando tiene margen para decidir, decide otras cosas. Por qué, cuando tiene que elegir, la educación pública no aparece como prioridad real.

Hay un dato que desmonta buena parte del victimismo del PP valenciano. Mazón y Pérez Llorca han gobernado con muchos más recursos que los que tuvo Ximo Puig en un tramo comparable. Según los datos oficiales de Hacienda, la Comunitat Valenciana recibió en 2016 y 2017 algo más de 16.377 millones de euros en entregas a cuenta del sistema de financiación. En 2024 y 2025, con el PP ya en la Generalitat, ha recibido más de 25.533 millones. Son más de 9.100 millones adicionales en sólo dos años. Así que ya no vale instalarse en la excusa permanente de que falta apoyo del Estado. Lo que toca explicar es otra cosa. ¿Qué ha hecho el Consell con ese margen extraordinario y por qué la educación pública no aparece entre sus grandes prioridades?

A eso se añade, además, la financiación específica que ha llegado para políticas educativas concretas. Ahí están los programas de cooperación territorial, que han permitido reforzar becas, digitalización, escolarización de 0 a 3 años, inclusión educativa, competencia lectora, competencia matemática o programas de apoyo al alumnado vulnerable. Es decir, incluso siendo la educación una competencia autonómica, el Gobierno de España no se ha desentendido. Ha acompañado con recursos y con instrumentos de cooperación. La pregunta, otra vez, no es si ese apoyo existe. La pregunta es ¿qué ha hecho el Consell con él y por qué no se ha traducido en una apuesta más clara por la mejora de la educación pública valenciana?

Por eso resultan tan significativas las declaraciones de la consellera Carmen Ortí sobre la bajada de ratios. Cuando dice que esa medida costaría 770 millones de euros y que la Generalitat no puede asumirla sin financiación adicional del Estado, en realidad está reconociendo algo mucho más importante de lo que quizá pretende. Está reconociendo que, para este Consell, bajar ratios no entra hoy en el núcleo de sus prioridades presupuestarias. Y ese es el problema. No que la medida sea cara. No que haya que planificarla bien. No que haya que discutir su calendario. El problema es convertir una decisión política en una supuesta imposibilidad técnica.

Comisión de Educación y Cultura en las Corts / José Cuéllar/Corts Valencianes

Lo primero que habría que pedirle a la consellera es que explique con rigor de dónde sale esa cifra. ¿Qué hipótesis utiliza? ¿A qué etapas afectaría? ¿En cuántos años se implantaría? ¿Qué cálculo de plantillas y de infraestructuras incorpora? Porque una cosa es abrir un debate serio sobre cómo reducir ratios de manera progresiva y viable. Y otra muy distinta es lanzar una cifra redonda para cerrar la discusión antes de empezarla.

Además, la bajada de ratios no es un lujo pedagógico ni una consigna vacía. Tiene que ver con la atención personalizada, con la inclusión, con la convivencia en las aulas y con la posibilidad real de responder mejor a la diversidad del alumnado. En una comunidad que necesita reforzar su escuela pública, atender mejor al alumnado vulnerable y recuperar dinámicas de mejora, lo razonable sería discutir cómo avanzar en esa dirección. Lo que no resulta razonable es usar el coste como argumento definitivo mientras se aceptan sin demasiado problema otras decisiones presupuestarias que sí revelan cuáles son las prioridades efectivas del gobierno valenciano.

Y eso enlaza con una sensación cada vez más extendida en la comunidad educativa. El PP habla mucho de libertad, de diálogo y de gestión responsable, pero cuando llega la hora de tomar decisiones concretas, la educación pública no recibe el impulso que necesita. Se frenan avances, se desdibujan apoyos y luego se pretende que todo quede explicado apelando a una supuesta insuficiencia financiera externa. No. Lo que hay aquí es una elección política. Y esa elección política consiste en no colocar la educación en el centro, aunque luego se intente suavizar el discurso con mejores formas o con declaraciones más amables.

La sociedad valenciana merece un debate más honesto. Merece que se le diga con claridad que la competencia es de la Generalitat. Merece que se explique qué se ha hecho con los recursos adicionales recibidos en estos años. Merece saber por qué, si han llegado más fondos y más instrumentos de apoyo, no vemos una apuesta más ambiciosa por reforzar plantillas, mejorar las condiciones laborales y salariales del profesorado, consolidar programas de mejora, garantizar infraestructuras dignas, avanzar en inclusión o planificar seriamente una reducción de ratios.

Porque a estas alturas el problema ya no puede seguir presentándose como una simple falta de dinero. El problema es otro. El problema es la falta de prioridad política. El problema es que el PP valenciano sigue utilizando al Gobierno de España como excusa para no dar explicaciones sobre sus propias decisiones. Y el problema es que, mientras tanto, la educación pública valenciana pierde tiempo, impulso y ambición.

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