La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su llegada a la rueda de prensa para presentar la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica. / Zipi Aragón / EFE

La reformulación de España que se produjo tras el final de la Dictadura dejó en la práctica una división de funciones por la que básicamente la Administración Central mantuvo el control sobre los servicios que conforman los cimientos comunes de un país (Defensa, redes de comunicaciones, grandes infraestructuras, control monetario, de fronteras…), mientras que a las comunidades autónomas se le fueron transfiriendo progresivamente todos aquellos que configuran lo que entendemos como pilares del Estado del Bienestar (Sanidad, Educación, Servicios Sociales…). El hecho de que no fuéramos capaces de dar el paso definitivo de articular legalmente un modelo federal en el que los derechos y las obligaciones de cada parte estuvieran claros, la progresión social y demográfica que ha provocado el que los servicios transferidos a las comunidades hayan disparado sus necesidades de recursos muy por encima de lo que jamás pudo preverse y la presión política de la periferia hacia el centro que lentamente ha obligado a trampear el sistema hasta el punto de que en una materia tan sensible como es la fiscal se ha permitido el que algunas comunidades puedan utilizar los impuestos que pagamos todos como elemento competitivo frente a otras, ha acabado por generar un desequilibrio permanente que, sobre todo, perjudica la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan.

La Comunitat Valenciana ha sido una de las más perjudicadas en este proceso. El criterio utilizado por los padres de la Transición para determinar qué comunidades eran “históricas”, y por tanto tenían un máximo de competencias, regladas y presupuestadas al menos en origen, y cuáles no, que fue el de si en el momento en que colapsó la II República tenían estatutos aprobados o no, produjo la paradoja de que el histórico Reino de Valencia no tuviera esa consideración de “autonomía de primera”, a pesar de su identidad y su pasado. El ansia por llegar en la práctica ahí, por parte de la Comunitat Valenciana, y la búsqueda de una solución a ese sinsentido, hizo que se buscaran atajos legislativos, como........

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