'In fraganti'. Locución originada por deformación de la expresión jurídica latina 'inflagranti' ('delicto'), que significa 'en el mismo momento en que se comete un delito o, por extensión, cualquier acción censurable': "Se había instalado aquí cerca […] con objeto de espiar a su mujer y sorprenderla 'in fraganti'", RAE.
Así fue sorprendido, aparentemente, el pasado lunes por la mañana el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper. Después de explicar que el PP quiere "que sean los jueces quienes elijan a los jueces, si esto se acepta, podemos hablar"; "si [el Gobierno] no lo acepta, con nosotros no", añadió, en línea con la afirmación del flamante portavoz parlamentario Miguel Tellado, el pasado viernes 1 de diciembre: "Pedro Sánchez quiere controlar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como ha hecho con el Tribunal Constitucional. Para eso, que no cuenten con nosotros".
La fórmula popular, pues, era, según explicaron fuentes del partido, muy suscinta: "Si no hay reforma, no hay renovación del CGPJ".
Con todo, el PP, con sus antenas puestas en Bruselas, desvistió el muñeco por la tarde. Es que el comisario de Justicia, Didier Reynders, tras una reunión de ministros de Justicia, reiteró por enésima vez: "La renovación del CGPJ es la prioridad y solo a partir de entonces debe iniciarse el proceso de reforma. Es la recomendación que hemos dado a todos los actores involucrados en el proceso y que repetimos".
Pero, Reynders, que también tiene sus antenas en Madrid -léase la "hermosa amistad" -Bogart 'dixit' en 'Casablanca' (1942)- que mantiene con el diputado Esteban González Pons- también dijo que no venía inconveniente en que se empezara a trabajar enseguida en la nueva ley.
Ahora, avanzada la tarde del lunes, Alberto Núñez Feijóo ordenó repartir la baraja de otro modo: si se renueva el CGPJ y al unísono se aprueba una nueva ley se podría contar con el PP. Es el mismo perro con el que se exhibía, figuradamente, Feijóo y al que ni siquiera le ha cambiado el collar.
Pero, atención, tras fracasar primero en su intento de bloquear la mayoría progresista en el Tribunal Constitucional a finales de diciembre pasado, y al frustrarse su llegada al Palacio de la Moncloa, proyectada como máximo para enero de 2024 (es decir, en el calendario teórico existente antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo que precipitaron la decisión de Pedro Sánchez de anticipar los comicios al 23 de julio), el escenario ha cambiado.
Feijóo debería mantener con respiración asistida lo que queda del CGPJ, sin capacidad de hacer nombramientos, largos años más. Puede sacar rentabilidad de las declaraciones e informes -el ruido y la furia- de un CGPJ supercaducado -cinco años vencido, se dice pronto- que ya huele. Pero no es plan.
Sobre todo, porque se avecina la batalla de la ley de amnistía. Y su destino final se va a decidir en el Tribunal Constitucional. En estos momentos hay 11 magistrados (queda una vacante, la del conservador Alfredo Montoya, que debe nombrar el Senado), de los cuales siete son del sector progresista y cuatro de la derecha. Siete a cuatro. Con la sustitución de Montoya las fuerzas quedarían en siete a cinco.
Pero para ocupar la plaza del Senado, el PP tiene que contar con el PSOE (el PP tiene mayoría absoluta, pero se requieren 3/5 de la cámara). En el pacto de renovación frustrado Feijóo-Sánchez el punto de la sustitución quedó acordado.
El PP necesita crear una correlación de fuerzas similar a la que se terminó creando con la sentencia del Estatut de autonomía de Cataluña en 2010, donde la recusación exitosa del magistrado Pablo Perez Tremps, las escaramuzas en torno a la presidenta María Emilia Casas, que asumió finalmente la ponencia, y la muñeca inesperada del magistrado Manuel Aragón -nombrado a propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero- culminaron cuatro años de empantanamiento en un resultado que más tarde se convertiría en la levadura del procés.
El PP cuenta ya con la iniciativa del magistrado Juan Carlos Campo de abstenerse en la ley de amnistía -una propuesta que seguramente el Pleno del TC va a resolver en enero próximo-, y, por tanto, las fuerzas estarían en 6 progresistas contra 5 derechistas. Esto ya mola más. Pero hay otro caramelo apetecible: promover, como ocurrió con Pérez Tremps, la abstención de la magistrada Laura Díez, por su procedencia del ministerio de la Presidencia del Gobierno, donde colaboró con el ministro Félix Bolaños. Y ahora Bolaños es una pieza fundamental, habida cuenta que dirigió la parte jurídica -la proposición de la ley de amnistía- con Junts y con Esquerra Republicana de Cataluña.
Está pendiente la espada de Damocles de la sección cuarta de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Supremo, sobre Campo y Díez. Porque Vox recurrió los nombramientos. La sección cuarta -la que ha anulado los nombramientos de la fiscal de sala togada militar, Dolores Delgado; la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio y del fiscal de menores Eduardo Esteban- es la que resolverá.
En junio pasado, dicha sala dictó un auto en el que rechazó la petición de la abogacía del Estado de desestimar el recurso de Vox por falta de legitimidad porque “en este momento procesal no puede resolverse la objeción procesal planteada por falta de legitimidad activa”. Señala, pues, que la decisión “necesariamente debe demorarse su resolución al momento de dictarse sentencia”.
La falta de legitimación no era más que uno de los argumentos. Porque, según fuentes consultadas, en el Supremo los nombramientos ya fueron estudiados y dados por buenos por el Tribunal Constitucional que presidía Pedro González-Trevijano. Una disposición del TC establece que dicha decisión adoptada en su día no puede ser revisada por el Supremo. Y los magistrados de la sección cuarta lo saben. Pero, según esas fuentes consultadas, han preferido mantener la espada de Damocles. Pero todo esto da juego, mantiene las expectativas en la gran batalla de la ley de amnistía.
En este contexto, el actual presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, ha querido "mover el árbol" con la idea de hacer más fácil la renovación quitando al CGPJ la potestad de hacer los nombramientos de jueces, que es, según insinúa, la verdadera manzana que apetece a los dos grandes partidos políticos, la manzana de la discordia. Para ello deberían ser los jueces quienes directamente, sin mediación del CGPJ, a través de concursos, elijan a sus presidentes en el ámbito provincial y autonómico, audiencias y tribunales superiores de justicia. En cambio, los magistrados que componen el Tribunal Supremo deberían ser nombrados por un "tribunal" que sería presidido por uno de los vocales del CGPJ.
Más allá de la ocurrencia, la idea de Guilarte contraviene la Constitución. Porque de la casualidad que esa manzana de la discordia -los nombramientos- la Constitución se la ha atribuido al Consejo General del Poder Judicial.
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