La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su llegada a la rueda de prensa para presentar la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica. / Zipi Aragón / EFE

El debate sobre los modelos de financiación autonómica ha estado tradicionalmente envenenado en España. En lugar de ser el resultado de una discusión sobre las necesidades de los territorios y la reducción de las desigualdades, termina convertido en un mercadeo político donde pesa más el rédito partidista inmediato que la solución de los problemas de la ciudadanía. A menudo, además, deriva en un pulso entre Gobierno y oposición en el que la racionalidad se diluye y los consensos se vuelven casi inalcanzables. Esta vez no ha sido distinto. Si primero fue el PSOE por su pacto parlamentario con CiU; después, el PP con ese mismo socio; y, en la última ocasión, el PSOE con Esquerra, ahora se repite el patrón.

La metodología y, más aún, la puesta en escena no ha buscado ni el entendimiento ni un acuerdo amplio, sino exhibir hasta qué punto los ejecutivos de Pedro Sánchez y Salvador Illa necesitan garantizarse el respaldo de

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