Los anuncios del gobierno de empezar los aplazados ajustes al precio del diésel y al valor de los peajes ha suscitado la reacción de los transportadores de carga y pasajeros que han amenazado hasta con paros. El Ministro de Hacienda ha respondido que esos ajustes son indispensables y que no se va a dejar chantajear. ¿Quién tiene la razón?

Es evidente que combustibles y peajes representan una parte importante de los costos de los transportadores y que sería mejor que no subieran, además para no aumentar las presiones inflacionarias. Sin embargo, no hacer los ajustes tiene costos y entonces la pregunta relevante es ¿quién debe asumir esos costos?

En el caso del diésel, el costo es la diferencia entre el precio que paga el consumidor y el precio a que vende el productor (es decir, Ecopetrol), que es el precio internacional; el primero se ha mantenido constante, mientras que el petróleo se ha disparado en los mercados internacionales, de manera que hoy el diferencial ha llegado a ser de unos $ 6.000 por galón.

Con la política establecida en el país desde hace varios años, ese diferencial lo asume el presupuesto nacional a través del Fondo de Estabilización de precios de combustibles (FEPC), o sea que los consumidores de diésel que pagan un precio más bajo están recibiendo un subsidio que pagamos todos los contribuyentes. Es un subsidio enorme.

En el 2021, con el precio promedio del barril de petróleo Brent alrededor de U$ 68, el costo total del subsidio fue de $5,6 billones; en 2022 el barril de Brent subió a U$ 98, por lo que el subsidio se incrementó a $20 billones. Este año el promedio del Brent deberá estar alrededor de U$ 80 y el subsidio será de ‘solo’ $16 billones. Con razón, dijo el Minhacienda que el subsidio a los combustibles se comió en un año todo lo que se esperaba recaudar con la última reforma tributaria.

Se ha propuesto que como el petróleo es colombiano se le pague menos a Ecopetrol para que el FEPC no tenga déficit que deba ser cubierto con recursos públicos. Es tapar un hueco abriendo otro, porque entonces se disminuirían las utilidades de Ecopetrol, que son uno de los principales ingresos del presupuesto nacional.

El costo de la congelación de los peajes es menor. Se estima que este año puede ser de unos $500.000 millones, pero también es un subsidio que está pagando el presupuesto nacional. Aunque los peajes de las concesiones son un ingreso para los concesionarios privados, en los contratos está pactada la obligación del gobierno de aumentar los peajes cada año con el índice de inflación. Si no lo hace, debe compensar a los concesionarios la diferencia, de manera que el ahorro de los transportadores es un costo para el presupuesto.

No hay almuerzo gratis y si no se ajusta el precio del diésel y de los peajes, ese subsidio lo pagaremos los contribuyentes.

*Economista

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