Finalizada la época de mayor tensión en el sistema sanitario público, como consecuencia de la anual epidemia de virus respiratorios, quizás conviene replantear cómo se puede mejorar la sostenibilidad financiera del sistema de salud, garantizando la mejor calidad asistencial.
Sin duda, nuestro sistema de gestión pública, tanto por inercias heredadas y poca capacidad de adaptación como por el envejecimiento de la población, la cronificación de patologías y por el coste de nuevas soluciones tecnológicas o farmacéuticas, presenta evidentes ineficiencias que obligan a repensar el propio modelo con una profunda revisión donde no sirven ya ‘planes de choque’. La gestión pública de salud en el actual contexto económico, social y de conocimiento debe estar anclada en el valor de los resultados y en una visión diferente que atienda al proceso (del que es un excelente ejemplo el modelo ARCCA de cirugía de cataratas en Aragón, a exportar a otras necesidades asistenciales), a la asistencia cooperativa y que pivote sobre el ciudadano y la mejor calidad de la prestación.
Pero contribuir a la mejor prestación del sistema de salud no solo depende del liderazgo público; también, y en gran medida, de la ciudadanía. Los ciudadanos debemos activar un nuevo rol diferente, comprometido por ayudar con muestra actitud personal responsable a la propia sostenibilidad del sistema. No auto-diagnosticarse ni auto-medicarse, cumplir con hábitos saludables que prevengan de la enfermedad o minoren los riesgos de la misma o no acudir por síntomas menores a las urgencias médicas, para no colapsarlas, son gestos que, aunque puedan parecer menores, ayudan de forma directa a la mejor gestión del sistema de salud y a su necesaria sostenibilidad financiera.
En especial interesa colaborar con el acto individual de la vacunación, que es un ejercicio de responsabilidad individual pero, especialmente, de responsabilidad colectiva y solidaria en tanto mitiga el impacto, en ocasiones muy intenso, que esas patologías tienen sobre un sistema de salud ya fuertemente tensionado. El derecho fundamental a la salud exige un compromiso de todos, con una actitud proactiva que promueva una nueva cultura de responsabilidad, pensando no tanto en lo que el sistema ofrece sino, principalmente, en cómo ayudar para que el mismo funcione de la mejor manera.
Para ello toca trabajar en educación, en escuelas, universidades, medios de comunicación y centros sanitarios, para explicar y convencer a la ciudadanía de que una actitud responsable no solo mejora su salud propia, sino que es un compromiso de solidaridad que ayuda a mejorar el sistema en general y, por tanto, la salud colectiva de todos los ciudadanos. Y es también un ejercicio de compromiso fiscal en tanto ayuda a la sostenibilidad financiera en tanto se mitigan o eliminan ineficiencias que lastran la gestión de lo más importante.
La salud, su protección y los cuidados en la enfermedad son una inversión, sin duda, que exige de todos, y no solo de los profesionales sanitarios (ejemplo de vocación en un contexto tan cuestionado), la mejor actitud para preservar sus señas de identidad y muy especialmente la equidad y la calidad asistencial. La ciudadanía debe adoptar un nuevo rol de agente cooperativo con la salud (y no mero demandante) y ser ejemplar en el cuidado de la salud y del propio modelo asistencial, pues solo así tendremos la mayor legitimidad posible para exigir a nuestros poderes públicos la mejor gestión pública en un nuevo modelo horizontal y colaborativo del sistema público sanitario.
José María Gimeno Feliu es catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de Zaragoza
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