La gestión de los asuntos públicos necesita de procedimientos, ciertas formalidades y garantías, en lo que conforma el significado del término burocracia. Se detectan en la práctica importantes disfunciones en su utilización práctica, que erosionan con gravedad la esencia del buen gobierno y la buena administración (que debe ser la estrella polar de la actuación administrativa).
Así se constata el fenómeno de la ‘burocracia defensiva’, derivado del miedo a la responsabilidad del empleado público que debe tomar una decisión, que prefiere la parálisis a asumir un riesgo (penal o administrativo) por la adopción de esa decisión. Esta burocracia defensiva obedece en ciertas ocasiones a la falta de seguridad jurídica derivada de un marco regulatorio excesivo, muy cambiante y confuso (lo que genera incertidumbres). Así, la sobrerregulación innecesaria y la falta de técnica jurídica en la redacción de normas y en su correcta interpretación son las causas principales de la burocracia defensiva.
Para atajar este fenómeno se necesita, en primer lugar, una regulación más eficiente, comprensible y que facilite la toma de decisiones sin riesgos. Una normativa alineada con el principio de regulación inteligente que exige claridad de los conceptos y principios aplicables. En segundo lugar, es necesario redefinir los mecanismos de control internos de la propia Administración, anclados en ocasiones en la cultura de la formalidad, que se comportan como un freno que detiene a la propia Administración y, con ello, la correcta satisfacción del interés general, a la que se debe todo responsable público con independencia de su rol.
El control público es indispensable pero su función es ayudar y mejorar la gestión, por lo que debe, en su caso, aportar soluciones. Hoy, con la inteligencia artificial, el control formal ha caducado y se exige un moderno sistema de supervisión que lamine los riesgos más graves y favorezca una gestión de los asuntos públicos más eficaz. Un nuevo control colaborativo (del que ha sido buen ejemplo la Cámara de Cuentas de Aragón desde su efectiva constitución) que aporta, desde el rigor, las necesarias seguridad jurídica y confiabilidad que necesitan el gestor y la ciudadanía. Un control que, por supuesto, no puede pretender sustituir por motivos de oportunidad o ideología, o por las inercias administrativas de ‘siempre ha sido así’, la legítima decisión administrativa.
Toda actuación pública debe pensar en el ciudadano y en la facilidad de los trámites para su relación con las administraciones públicas. Resulta inadmisible, desde los estándares del buen gobierno, la burocracia del ‘confort administrativo’ de solicitar del ciudadano lo que ya consta para la propia Administración. De ello ha sido un ejemplo claramente injustificable el mantenimiento de la cita previa superadas las circunstancias de la pandemia, que ha vaciado de contenido en la práctica derechos de los ciudadanos con un gran coste personal.
Necesitamos una Administración innovadora, más proactiva, abierta y socialmente responsable, que, de conformidad al mandato constitucional, facilita a los ciudadanos el efectivo ejercicio de sus derechos. Una Administración con una burocracia ‘con alma’ e ‘inteligente’ y cooperativa, que simplifica el ejercicio de trámites y derechos y facilita una gestión sin riesgos indebidos que frenen la acción política y el eficaz desarrollo de las políticas públicas que demanda la sociedad.
José María Gimeno Feliu es catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de Zaragoza
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