Sigo con interés los avatares políticos de mi país y procuro estar al tanto de cuanto se cuece en los aledaños del Gobierno para mantener a su presidente; me divierte el correteo del señor Bolaños, siempre teléfono en mano, de aquí para allá y de allá para acá, hiperventilando y con cara de angustia; me cansa la matraca de la vicepresidenta Montero, que habla con impetuosidad, autosuficiencia y falsa seguridad por más que lo intente disimular, y me aburre hasta el tedio cuando oigo a los demás ministros y ministras repetir como loritos bien amaestrados las palabras y consignas que han recibido de las oficinas pensantes de la Moncloa, para quitarse de en medio cuando se les formulan esas preguntas impertinentes –así las consideran ellos– dejando plantados a los esforzados periodistas.

Luego trato de encajar las declaraciones de unos y otros y es cuando me empiezan a surgir las dudas, pues ocasiones hay en que no soy capaz de entender lo que realmente ha ocurrido, pues todo es una pura contradicción y me quedo con el corazón ‘partío’ sin saber a qué atenerme.

Tal me ha ocurrido con esa concesión de las competencias de inmigración que el Gobierno ha hecho a Junts al borde del precipicio para salvar por la campana el K. O. que se veía venir; de modo que veo y oigo a los representantes de Junts salir eufóricos a comparecer ante la prensa y presumir de que han conseguido la gestión integral de la inmigración para la Generalitat. Y la palabra ‘integral’ quiere decir integral, o sea completa y plena, sin limitaciones. ¿Es lo que les han dicho a Junts o es lo que se han creído? Turull y la señora Nogueras parecen tenerlo claro, a pesar de que los asuntos de inmigración están reservados al gobierno y de que hay como precedente una sentencia del Tribunal Constitucional en la que declara ser inconstitucional la atribución de competencias a la Generalitat en asuntos de inmigración.

¿En qué quedamos? El Gobierno parece ahora echarse atrás diciendo sí, pero no tanto; habrá que pasar por una ley orgánica que contemple, en su caso, esa figura de la delegación, que no transferencia de competencias, en un intento de elaborar una orfebrería jurídica exprimiendo las interpretaciones constitucionales hasta límites inverosímiles. El mismo Sánchez, en algunas entrevistas y declaraciones, trata de minimizar el acuerdo con Junts, y niega que la Generalitat pueda expulsar inmigrantes en virtud de sus ¿nuevas? competencias (¿delegadas?). Turull no comparte esa opinión, con lo que estamos ante una contradicción ‘in terminis’.

Sería deseable bastante más transparencia por parte del Gobierno para que algunos ciudadanos de pocas entendederas como debo ser yo veamos las cosas claras y nos enteremos de cuál es la verdad de las cosas y de los acuerdos. Permanecer en la indefinición y en la duda no creo que beneficie a nadie; desde luego no a un Gobierno pusilánime y acobardado, y menos aún a una ciudadanía que reniega de los juegos florales a que nos quieren acostumbrar algunos ministros y sus portavoces. Así que no entendemos nada. Debe ser lo que pretenden.

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