El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) fue una relevante innovación que llegó a España con la Democracia, antes, durante el franquismo, fue un impuesto más teórico que práctico. Ahora bien, con el paso del tiempo ese impuesto de tarifas progresivas ha quedado reducido en la práctica a un impuesto que casi solo pagan los asalariados y los pensionistas. En efecto, en torno al 90 por ciento de la recaudación por IRPF proviene de esas rentas (los salarios representan dentro del PIB nacional menos del 50 por ciento). En otras palabras: el IRPF se ha convertido en un sacaperras de los bolsillos de los asalariados, olvidándose de otras rentas no salariales y, por supuesto, de la economía sumergida, que en nuestro país, me temo, alcanza niveles de infarto.

Pues bien, en estas deplorables condiciones, el Gobierno anuncia otro palo a las rentas salariales subiendo el IRPF a quienes cobren algo más de 50.000 euros anuales, para cubrir en parte el déficit creciente que se genera en la Seguridad Social vía pensiones. En otras palabras, los impuestos durante la etapa de Sánchez le han quitado el 4,2 por ciento a los salarios medios, lo cual es un auténtico disparate.

Vamos, que en lugar de abordar el ahorro dentro de la Administración y eliminar subvenciones y chollos políticos, el Gobierno progresista se apoya en un impuesto caduco e inoperante para darle otro palo a los asalariados, que ya soportan unos salarios muy inferiores a los de la UE.

Y mientras tanto, las cifras de Eurostat (2022) muestran que la presión fiscal media en la UE prácticamente no ha variado desde 2019, año anterior al inicio de la pandemia (de 41 por ciento a 41,2 por ciento del PIB), mientras que en España se observa un importante incremento (del 35,4 por ciento al 38,3 por ciento del PIB). Este incremento de la presión fiscal está asentado en la imposición sobre la renta, debido, sobre todo, a la no deflactación de las tarifas. Como consecuencia, la presión fiscal en España es ahora mayor que la media de la UE.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) llega a la conclusión de que para alcanzar una distribución de la presión fiscal igual a la de los países del euro se necesitaría aumentar la progresividad real sobre la renta y el consumo, y sería preciso aumentar las cuotas sociales, cosa que con el actual IRPF resultará imposible de alcanzar. Y cabe preguntarse: ¿será capaz este Gobierno de abordar una reforma fiscal? La respuesta es clara: no.

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