A menos de dos meses —apenas a cuarenta y tres días— de las elecciones generales del 12 de abril, conviene recordar que aquellos comicios del año 2021 dejaron una humillante herida en la confianza ciudadana. No solamente por los resultados, sino por la forma en que unas justificadas solicitudes de revisión, verificación y transparencia fueron rechazadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y por la ONPE, días después de aquel infame proceso electoral. En esa ocasión, respetadas voces denunciaron irregularidades y pidieron contrastar las copias de más de cien mil actas de votación recabadas por miles de ciudadanos y organizadas por una comisión de notables encabezada por Lourdes Flores Nano con el padrón y las actas oficiales de la ONPE. Sin embargo, tanto el Jurado Nacional de Elecciones, presidido por el comunista Jorge Luis Salas Arenas, como la ONPE, dirigida por Piero Corvetto, rechazaron facilitar aquella verificación, argumentando que el proceso “estaba en curso”, que existían plazos legales y que cualquier revisión debería realizarse “dentro de los procedimientos establecidos”, sin siquiera precisar a qué se referían. Esa negativa generó una extendida sospecha entre amplios sectores de la ciudadanía, incluso entre quienes no apoyaban a Fuerza Popular. La percepción de que el propio sistema electoral NO estaba dispuesto a someterse a una auditoría ciudadana alimentó la desconfianza. Más de cien mil actas cuestionadas fueron difundidas públicamente, acompañadas de peritajes privados que señalaban sospechosas inconsistencias, tanto en las firmas como en los patrones gráficos. Sin embargo, de plano el JNE desestimó estos argumentos por considerarlos “extemporáneos”. Pero el efecto político fue contundente: una parte muy significativa del país quedó convencida de que el proceso NO había sido plenamente transparente. La legitimidad presidencial de Pedro Castillo Terrones nació, de esa manera, profundamente cuestionada y debilitada. Hoy, a cuarenta y tres días de las nuevas elecciones, este país enfrenta un escenario semejante: desconfianza severa hacia el sistema electoral y polarización extrema entre quienes consideran que existieron irregularidades en 2021 y quienes defienden la actuación de aquellos organismos electorales. A esto debemos sumar un Ejecutivo Frankenstein, sin legitimidad plena; un Congreso amplía, diametralmente reprobado; órganos electorales cuestionados; y movimientos radicales que buscan capitalizar por la fuerza el descontento. El recuerdo del 2021 no es un episodio cerrado. Es un factor activo de inestabilidad. Lo ocurrido entonces no puede analizarse como mero hecho aislado. ¡Porque fue un punto de quiebre en la confianza ciudadana! Y hoy, a escasas semanas de un proceso electoral administrativamente complejo, ese antecedente condiciona la percepción pública y multiplica el riesgo de una crisis poselectoral si no se garantiza un proceso impecable, transparente y verificable. El país está advertido. La democracia peruana no soportaría otra elección marcada por dudas, opacidades y/o decisiones institucionales que alimentan la sospecha. La única salida es la transparencia absoluta: publicación inmediata de actas, acceso a bases de datos auditables, observación independiente y mecanismos de verificación ciudadana. Sin ello, la herida del 2021 permanecerá abierta y el Perú continuará atrapado en un ciclo de desconfianza que continuará erosionando su institucionalidad.

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