El país enfrenta una crisis energética que no admite eufemismos ni evasivas. La fuga de gas natural en Megantoni, Cusco, ocurrida el 1 de marzo en el ducto operado por Transportadora de Gas del Perú, no es un incidente técnico aislado: es la consecuencia directa de décadas de desinterés estatal por el mantenimiento de la infraestructura estratégica más importante y costosa del país. El corte del suministro de GNV por uno o dos meses paraliza sectores enteros, golpea al transporte público y privado, encarece la vida cotidiana y expone, otra vez más, la fragilidad de un sistema que fue presentado como “la gran promesa de modernización nacional”. El Congreso debe priorizar –sin dilaciones– la denuncia contra el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro. No se trata de un trámite político, sino de una obligación frente a un hecho que ha obligado al Ejecutivo a declarar en emergencia todo el sistema por 14 días. La magnitud del daño exige explicaciones inmediatas y responsabilidades precisas. Este país no puede aceptar que un ministro responda con frases ligeras, ante un problema que afecta a cientos de miles de familias y a la economía en su conjunto. ¡El impacto es devastador! Más de 300 mil conductores de vehículos duales en Lima y Callao –según Cálida, empresa concesionaria encargada de la distribución de gas natural en la capital– han quedado sin suministro. Todas las estaciones de GNV dejaron de operar de inmediato, afectándose y perjudicando, además, a alrededor de medio millón de vehículos entre buses, taxis, transporte de carga y unidades particulares. El transporte masivo, que depende en gran medida de este combustible económico, enfrenta un escenario crítico. Pero la respuesta del ministro ha sido pedir a los conductores que “echen gasolina”, como si ese sobrecosto fuera un detalle menor y no una carga imposible para miles de trabajadores que viven al día. La improvisación se agrava cuando el propio ministro señala que, “si el problema se extiende”, el Gobierno “evaluará” contratar tanques de almacenamiento para recibir buques gaseros en el Callao. ¡¡Evaluar, en plena emergencia, lo que debió estar previsto desde hace años, revela la precariedad de la planificación energética del país!!”. Este episodio obliga a recordar el origen del proyecto Camisea. El gobierno de Alejandro Toledo lo presentó como la megaobra que transformaría la matriz energética del Perú, reduciría costos, impulsaría la industria y llevaría desarrollo a nuestras regiones. Sin embargo, detrás de aquella propaganda se escondieron negociaciones corruptas, sobrecostos y beneficios concentrados. Toledo, su primer ministro Pedro Pablo Kuczynski y otros medraron de este proyecto que, pese a su trascendencia, nunca recibió el mantenimiento riguroso que una infraestructura de esta magnitud exige. Hoy, pagamos esa negligencia acumulada. La imprevisión, la ausencia de estándares estrictos y la indiferencia de sucesivas administraciones han convertido al gasoducto en una peligrosísima amenaza latente para aquellas poblaciones que atraviesa, y para la seguridad energética del país. ¡Necesitamos respuestas, no excusas! Y, fundamentalmente, que las autoridades asuman que la energía no es un asunto técnico: es un pilar de la vida nacional.

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