Ya lo habían hecho antes. Con Eduardo Medina Mora en la SCJN, con Guillermo García Alcocer en la CRE y ahora con Miguel Ángel Yunes Márquez en el Senado: usar facciosamente las instituciones públicas (e.g., la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera, los gobiernos estatales) para extorsionar a un ministro, al comisionado presidente de un órgano regulador y, ahora, a un legislador de oposición.

Con “cola que les pisen” o sin ella, no importa, ese no es el punto. Porque si la tienen, la aprovechan en su contra; si no, se las inventan. De hecho, nunca lo acabamos de saber bien a bien porque la vía para determinarlo queda dinamitada por el acto mismo de la extorsión: si la amenaza funciona ya no hay una investigación imparcial, un juicio conforme a derecho ni una resolución jurisdiccional.

Y puede funcionar porque los extorsionados están conscientes de su culpabilidad, sí, pero también por miedo aunque sean inocentes. Sea cual sea el caso, el punto es que se sacrifica la posibilidad........

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