El proyecto de transmisión eléctrica por US$324 millones que el Ejecutivo destrabó tras dos pasos por el Comité de Ministros enfrenta ahora cinco reclamaciones judiciales. Una ONG, municipios y juntas de vecinos buscan reabrir su evaluación ambiental. La situación se enmarca en un nuevo fenómeno de la permisología: las iniciativas de inversión que son aprobadas terminan judicializándose en los tribunales ambientales.

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Lo nuevo. Una ONG, asociaciones municipales y algunas juntas de vecinos lanzaron una nueva ofensiva contra la iniciativa llamada “Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue- S/E Hualqui”. El proyecto contempla una inversión de US$ 324 millones y es el segundo más relevante de transmisión eléctrica en el país, solo detrás de la megalínea Kimal-Lo Aguirre.

Entre el 29 y el 30 de septiembre, los organismos ingresaron cinco reclamaciones ante el Segundo Tribunal Ambiental.

La inversión pasó dos veces por el Comité de Ministros: en julio de 2026 y junio de 2025. En ambas ocasiones fue destrabado por el Ejecutivo para que avanzara a su ejecución, tras ser rechazado en abril de 2024 por la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental........

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