Durante las últimas semanas hubo altas expectativas por el anuncio que el Presidente electo hizo finalmente el pasado 20 de enero de las personas que lo acompañarían en su gabinete. En esta columna quiero presentar algunas reflexiones sobre la designación en el Ministerio de Seguridad, la que podría caracterizarse como sorpresiva, aun cuando por razones muy distintas.

Como es sabido, Trinidad Steinert fue finalmente designada. Hasta el día previo ella se desempeñaba como Fiscal Regional de Tarapacá, contando con una carrera en el Ministerio Público de más de 20 años. Las sorpresas en su designación fueron varias. La primera, es que ella no aparecía dentro de los nombres de personas que con más fuerza se especulaba podían asumir el cargo y a los que aparentemente fue ofrecido en forma previa (por ejemplo, al senador electo Rodolfo Carter o al diputado electo Enrique Bassaletti).

El segundo elemento de sorpresa es que esta designación ha generado un escenario institucional inédito a la fecha. A pesar de no existir una prohibición legal, por primera vez alguien que ocupa una responsabilidad tan alta en el Ministerio Público (Fiscal Regional) renuncia a ella para asumir un cargo político de primera línea y perfil, como lo es encabezar este ministerio. Esto ha generado algunas polémicas y preocupaciones de distinto signo e, incluso, el anuncio de algunos parlamentarios de un proyecto de ley destinado a impedir que vuelva a ocurrir.

Finalmente, un tercer elemento sorpresivo que me llamó la atención es que, a pesar de la enorme relevancia que adquirió la seguridad en la campaña presidencial y todos los anuncios acerca de su centralidad para la nueva gestión, la designación dejó en evidencia que no había un diseño muy afinado de las nuevas autoridades en la asignación de la persona que será responsable del sector, cuyo nombre –de acuerdo con múltiples informaciones de prensa– terminó consolidándose solo unos pocos días antes del anuncio del Presidente electo.

Sin entrar a las consideraciones de corte más........

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