Ante la mirada internacional, la institucionalidad ambiental de nuestro país suele ser considerada robusta y, de hecho, su diseño goza de buena reputación por su estabilidad, transparencia y creciente participación ciudadana.

Desde la década del noventa, gobierno tras gobierno, se ha construido una cartera que ha sido capaz de conectar sus labores de fiscalización, protección del patrimonio y proyección en el tiempo —especialmente ante la amenaza patente del cambio climático— con la preponderancia de otros intereses sectoriales como Hacienda, Minería y Obras Públicas. Sin embargo, para nadie hoy es sorpresa que los desafíos que enfrenta la cartera son diversos y urgentes.

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